¡Vergüenza!

El abuso sexual es un crimen execrable que destruye la dignidad y la integridad del ser humano.

Más grave y vergonzoso es que se cometa contra un menor de edad y, peor aún, que el responsable sea quien está llamado a garantizar la protección de ese niño o niña.

Por ello debe producir repudio el secuestro y violación de una niña indígena de 13 años de edad, perteneciente a la comunidad embera chamí de Risaralda, en los que participaron integrantes del Ejército.

Si bien falta por esclarecer cómo ocurrieron los hechos, los soldados involucrados confesaron su delito, razón por la cual la Fiscalía les imputó cargos y los envió a la cárcel.

Este suceso atroz e inaceptable es una deshonra para las Fuerzas Militares de nuestro país, a las que no se les puede acusar de patrocinar o proteger comportamientos que desconocen los valores de cualquier sociedad.

Lo que sí se les puede y debe exigir son controles eficaces para evitar que se produzcan hechos como el ocurrido el pasado 22 de junio, que destruyen la confianza en la institución encargada de velar por la seguridad y la tranquilidad de la Nación.

Ahora es la Justicia ordinaria la que debe actuar con prontitud, haciendo claridad sobre lo acontecido e imponiendo el castigo más severo contra quienes encuentre culpables de haber cometido el atroz crimen del que fue víctima la menor de edad.