Sin credibilidad

Las cifras son dicientes: en tres departamentos en donde se ha investigado, se contabilizan 400.000 hectáreas de tierras que les fueron arrebatadas en los últimos años al Estado o a sus legítimos dueños. Y hay 15 millones de hectáreas más en revisión, a la vez que se ordena investigar las titulaciones hechas por el Incoder en los últimos 20 años.Lo asombroso de ese despojo al que han sido sometidos miles de colombianos, en su mayoría humildes campesinos, es que se ha hecho con anuencia de funcionarios que trabajan en entidades como las notarías y las oficinas de Registro.Precisamente en las que los colombianos confían porque su función es velar por la buena fe y la veracidad documental.Las denuncias hechas por el Superintendente de Notariado y Registro no se pueden quedar sólo en eso: la tierra debe regresar a sus dueños y hay que sanear a las entidades públicas y a las notarías, para devolverles su credibilidad.