¿Qué pasó?

La dirección de la CVC tiene que dar explicaciones sobre las razones que la llevaron a pedirle a la Junta Directiva de la entidad aprobar un contrato por $2.800 millones para realizar un proceso jurídico que ya está debidamente terminado.Lo que se pretendió fue contratar a abogados externos para que soliciten al Consejo de Estado la revisión de un fallo proferido en 2009, confirmado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle y que obliga a la CVC al pago de $33.000 millones por el daño ambiental en el río Anchicayá.La duda es por qué pretenden pagar una comisión de éxito para un caso que fue manejado por los abogados de la CVC en los plazos que fija la Ley, y al que ya le caducó cualquier posibilidad de ser revertido.Y por qué no se le dio toda la información a la Junta Directiva, que hoy con razón reclama que se siente engañada.Actuaciones como esta son las que explican porque la CVC se mantiene bajo la lupa de la opinión pública.