El narcoterrorismo

El domingo fue la vereda de Nembí, en el municipio nariñense de Barbacoas, la que sufrió las consecuencias de dos atentados contra el Oleoducto Trasandino.

Diez días atrás los pobladores de la vereda Piluales, en la localidad de Mallama, se vieron afectados por otro ataque a esa línea de conducción de petróleo.

En total son once las voladuras que se le han causado en este 2020 a ese oleoducto, que por supuesto perjudican el transporte del crudo, provocando pérdidas económicas cuantiosas a la Nación, pero que además les ocasionan un daño irreparable al medio ambiente y a las comunidades de la región.

Son campesinos o indígenas que ven cómo sus cultivos se pierden, sus animales se mueren, se quedan sin sus fuentes de sustento y los ríos de los que se abastecen de agua se transforman en un mar negro que pueden quedar así por meses o incluso años.

Es la violencia que azota al sur de Colombia y destruye lo que haya, con el objetivo de aumentar como sea la riqueza del narcotráfico.

Eso no se puede catalogar como un fin político, como lo quieren hacer creer las organizaciones criminales que vuelan el oleoducto para robar combustibles que usan para fabricar cocaína.

Lo que sí tiene características políticas es la incapacidad del Estado para imponer el orden, perseguir a esas bandas terroristas y evitar el daño que les causan al país y a la sociedad.