El derecho a estudiar

Los estudiantes de la Universidad San Martín no deben ser quienes paguen por la laxitud con la que se permitió manejar esa institución y las demoras del Gobierno Nacional en actuar y decretar su intervención.A ellos hay que garantizarles la continuidad de sus estudios así como la culminación de las carreras que adelantan.Y cumplirles con la fecha máxima del 29 de enero para que sepan qué sucederá, quién será el nuevo rector de la corporación universitaria y dónde consignarán sus matrículas.Es la solución que deben dar el Ministerio de Educación, el inspector in situ y el grupo de vigilancia especial nombrados para asegurar el funcionamiento de la Universidad.El Estado no puede permitir que sigan creando empresas universitarias con el único interés de lucrarse de ellas y de aprovecharse de los colombianos que necesitan estudiar.