El arboricidio ilegal

La deforestación tiene múltiples motivaciones; se talan bosques para ampliar las fronteras agropecuarias, sembrar cultivos ilícitos o incentivar invasiones.

Y existe el ánimo de lucro que en el mundo mueve US$100.000 millones cada año y es controlada por organizaciones criminales: el comercio ilegal de madera.

El Pacífico colombiano, por su riqueza forestal, por la facilidad para sacar el producto a través de los ríos y de ahí hacia el mar, y por las dificultades que existen para hacer los controles necesarios, es de los más golpeados.

De ahí la importancia que tiene la creación de un grupo élite que se encargará de combatir ese negocio ilícito en Nariño, Cauca, Valle y Chocó.

Con ese propósito se han unido las Corporaciones Autónomas Regionales, incluida la CVC, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría y la Fiscalía.

Entre todos se encargarán de detectar los lugares de deforestación, perseguir a sus autores, monitorear las rutas por donde se saca la madera y judicializar a los responsables.

Para que tenga éxito ese propósito, se necesita además el compromiso de productores, transportadores, comercializadores y fabricantes nacionales, para que sólo trabajen con madera extraída legalmente.

Y de las comunidades del Pacífico, para que cuiden, vigilen y denuncien cuando tengan información.

Esa unión de esfuerzos es necesaria para acabar con un negocio criminal que es responsable de que se tumben en Colombia más de 200.000 hectáreas de bosques cada año.