Violencia en el Naya

De nuevo aparecen las alarmas sobre lo que está sucediendo en la región del Naya entre los departamentos de Cauca y Valle. Son llamados de autoridades como la Gobernadora del Valle, la Defensoría del Pueblo y de las comunidades que vuelven a ser desplazadas y sus líderes perseguidos por oponerse al imperio de la ilegalidad y la violencia.

Aunque debe reconocerse que la Policía Nacional y la Armada están haciendo presencia en la zona, también está claro que no es suficiente. Desde hace muchos años el valor estratégico del Naya es de gran importancia para los grupos criminales que ahora se la disputan por la potencialidad que tiene el oro en sus ríos, por la facilidad que ofrece para la siembra de coca que supera las 4500 hectáreas, como sede de laboratorios que producen tres toneladas de cocaína por mes y como corredor para sacar hacia el Pacífico las drogas ilícitas y el oro que se producen en Jamundí, Suárez, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto y Morales.

Ese valor produjo la llegada primero del ELN y las Farc y luego de los grupos paramilitares que desataron masacres por las cuales ya fue condenado el Estado colombiano. Ahora, lo que se presenta es una disputa entre el ELN, bandas de disidentes de las Farc, miembros del EPL y delincuentes del Clan del Golfo, todos financiados por los carteles mexicanos que compran la producción y proveen las armas y el transporte para llevar el producido al exterior.

Según lo han revelado los funcionarios de la Defensoría y de las gobernaciones del Valle y del Cauca, el impacto en las comunidades ha sido desastroso. Desde abril a hoy se han producido secuestros y amenazas de líderes sociales que no se pliegan a los dictados de los violentos, y el desplazamiento de por lo menos 180 familias hacia Buenaventura en busca de protección.

Se dice también que lo que sucede en el Naya es consecuencia de la presión que las autoridades están aplicando en el sur del país, en especial, sobre la región comprendida entre el río Patía y la frontera con Ecuador. Sin desconocer la importancia del esfuerzo que realiza el Estado en Tumaco, debe reconocerse que los grupos ilegales están trasladando sus operaciones a la región vallecaucana, reproduciendo una historia dolorosa que parecía superada.

Esa es la otra cara de la realidad que vive hoy Colombia, donde el narcotráfico en toda su cadena de producción y comercialización, así como la minería ilegal que destruye los ríos y el medio ambiente siguen golpeando a la región del Pacífico. Y de paso, afectan a ciudades como Cali, convertida en epicentro y guarida de los jefes de esas organizaciones, según lo han confirmado las autoridades de Policía que deben lidiar a diario con la criminalidad que esos personajes generan.

La situación del Naya no da espera. Además de la amenaza que padecen sus pobladores, lo que allí se está produciendo repercute en el Valle y el Cauca y ya es la posibilidad de que se incremente la violencia en una región que debe ser protegida, cuya importancia estratégica para la delincuencia no parece ser entendida en toda su dimensión.
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