Universidades públicas

Universidades públicas

Octubre 08, 2018 - 11:30 p.m. Por: Editorial .

Si no se produce un acuerdo, mañana tendrá lugar un paro de los estudiantes de las universidades públicas para reclamar entre otras cosas por la situación de esos centros educativos y el respaldo que debe darles el Estado. Aunque debería esperarse a que el recién posesionado gobierno presente sus puntos de vista y sus propuestas sobre la materia, es la oportunidad para mirar con detenimiento lo que está ocurriendo con esas universidades y la necesidad de revisar la experiencia de los veinte años anteriores.

Llama mucho la atención que el paro se programe para unos días antes del plazo fijado por el gobierno del presidente Duque para dar a conocer su propuesta sobre la educación superior. Y al observar las peticiones de sus promotores, tal movilización no parece ser sólo un reclamo por mejorar la situación de las universidades públicas sino un catálogo para conseguir beneficios económicos para ellos.

Son muchos los aspectos que deberían incluirse en el debate sobre el papel del Estado en la educación pública y su obligación de aportar al sistema de universidades oficiales que sin duda prestan un gran servicio a Colombia. Ojalá, esa polémica supere la eterna discusión de los incumplimientos en el giro de recursos, de las dificultades presupuestales y de las limitaciones crónicas causadas por la ineficiencia y la rigidez en el concepto sobre la educación superior frente a las necesidades de los colombianos.

Primero que todo debe reconocerse que las relaciones con las universidades públicas se basan en la ley 30 de 1991, y que si bien allí se establecieron principios sólidos, ya es momento para revisar algunos que han perdido vigencia y necesitan ser actualizados. Es el caso de la financiación estatal o el subsidio que se les entrega para fomentar la educación superior en las personas con menores ingresos, una de las claves más importantes para poder hablar de la igualdad de oportunidades y el ofrecimiento de condiciones más democráticas en la educación.

Este es quizás el meollo de todo el problema, en la medida en que los mismos rectores de las universidades afirman que tienen un déficit acumulado de quince billones de pesos en inversión, además de registrar otro por más de tres billones en gastos de funcionamiento que se acumulan debido a decisiones que impiden hacer las transferencias que se establecieron en la misma ley 30. El asunto no es fácil, pues aunque hablan de limitaciones para la investigación de sus centros educativos, ellos no se refieren a las exigencias que deberían cumplir en cuanto a resultados medidos en términos de calidad y de cobertura efectiva.

Lo que sí está claro es la necesidad urgente de actualizar el papel que deben cumplir las universidades en la sociedad de hoy como creadoras y difusoras del conocimiento que requiere nuestra nación. Desde ese punto de vista, ellas no son un cuerpo más que se mueve por la inercia burocrática sino organizaciones dinámicas que deben aprovechar la tecnología para cumplir su misión, y que deben ofrecer alternativas que superen las rigideces comunes hasta ahora a la educación formal.

VER COMENTARIOS
Columnistas