Una sola Nación

"...los indígenas del Cauca tienen derecho a reclamar que se les respete, y la Constitución les reconoce un tratamiento especial para defender y mantener su cultura. Pero eso no puede interpretarse como la creación de una república independiente que pueda impedir la presencia de las autoridades colombianas...".

Colombia es un país construido por minorías que a lo largo de su historia ha hecho grandes esfuerzos por consolidarse como nación unificada que respeta su diversidad. Así está plasmado en la Constitución, que reconoce la multiplicidad étnica y cultural a través de legislaciones especiales para las comunidades indígenas y las negritudes. Tales consideraciones no pueden interpretarse como la creación de países independientes donde el Estado no tiene vigencia. Así lo deben aceptar los pueblos indígenas que se oponen al Batallón de Alta Montaña en Tacueyó. Si algo está claro es que quienes han sembrado muerte y destrucción en Toribío, Caloto, Suárez, Corinto, Caldono y Santander de Quilichao, son las Farc. Y puede decirse también que el Estado tiene responsabilidad por su inexplicable renuencia durante décadas a situar en las montañas del Cauca las autoridades en la proporción necesaria para garantizar el orden. Pero ello no implica que su pueda igualar a la Fuerza Pública con los grupos armados, verdaderos responsables de la violencia que padecen los habitantes de la martirizada región. Es la guerrila la que ha usado la fuerza y el crimen para someterla a sus designios; la que siembra el terror y utiliza su territorio para sembrar cultivos ilícitos y explotar el narcotráfico. Son las Farc las que secuestran a sus hijos para usarlos como carne de cañón, la que destruye sus poblaciones. Y lo que tiene que hacer el Estado es combatir a los criminales.El Estado de Derecho se concreta cuando en todo el territorio nacional los ciudadanos pueden ejercer libremente sus derechos bajo el principio del respeto a la autoridad legítima. En ese orden de ideas, los indígenas del Cauca tienen derecho a reclamar que se les respete, y la Constitución les reconoce un tratamiento especial para defender y mantener su cultura. Pero eso no puede interpretarse como la creación de una república independiente que pueda impedir la presencia de las autoridades colombianas. En el Cauca, las poblaciones indígenas han sido particularmente golpeadas por la violencia de las Farc y el narcotráfico. Pero la causa no está en la presencia de las Fuerzas Armadas sino en la capacidad de corrupción, de amedrentamiento y destrucción de los grupos armados ilegales. Por eso, en el caso del norte del Cauca no se puede continuar con el tratamiento apaciguador que por décadas ha aplicado el Estado ni con la laxitud en la forma como se ejerce la soberanía. El respeto a la población indígena no implica prerrogativas como descalificar a las Fuerzas Armadas de Colombia, acusándolas de generar la violencia en sus territorios. Ni oponerse a la presencia de los batallones que sean necesarios para controlar una región que por décadas ha padecido el abuso de los violentos. Por supuesto, la solución para el Norte del Cauca no puede ser exclusivamente militar. Pero sus habitantes deben aceptar que la Constitución también obliga al Estado a proteger cada rincón del territorio nacional. Más aún, porque la guerrilla y el narcotráfico amenaza la vida y la tranquilidad de las 44 millones de personas que constituyen la Nación colombiana.