Una reforma inoportuna

Octubre 20, 2021 - 11:55 p. m. 2021-10-20 Por: Editorial .

Contra viento y marea, el Congreso de la República aprobó la excepción a la Ley de Garantías que permitirá a todos los niveles de la administración pública contratar en el período de elecciones. Aunque la decisión está basada en argumentos en apariencia inobjetables, se produce en momentos en los cuales el aumento de la corrupción y el clientelismo hacen temer el mal uso de una facultad sin duda necesaria para la buena marcha de los asuntos públicos.

El hecho de haber creado esa ley que prohíbe a todos los entes oficiales contratar cuatro meses antes de las elecciones, no es sólo producto de la reelección presidencial: Es de por sí indicativa de los temores sobre el uso del poder para desviar recursos y destinarlos al respaldo de las inclinaciones políticas de los funcionarios, ya sea para la reelección o para financiar candidatos y aspirantes a los cargos de elección popular.

Ahí está la razón que dio nacimiento a una norma de por sí incómoda para el funcionamiento del Estado, toda vez que paraliza su capacidad de contratar para cumplir sus funciones. Es la misma que permitió la continuidad de la ley de garantías no obstante la derogatoria de la reelección presidencial: tratar de asegurar la transparencia que impide desviar los recursos públicos nacionales, departamentales y municipales, hacia la financiación de la política.

Ahora, y mediante una ley ordinaria como la del presupuesto del 2022 que modifica una norma de mayor jerarquía como la de garantías, se suspendió tal prohibición en el caso de que la contratación se realice a través de convenios administrativos. Se supone que con ello se levantarán obstáculos que impiden la buena marcha de programas como la protección a la niñez, la salud, la atención a las cárceles o la educación.

Pero no es a eso lo que hay que temer. Como está sucediendo en Cali y el Valle, el uso de esos convenios administrativos se ha prestado para evadir las leyes de contratación pública, modificando el objeto social de Emcali y la Imprenta departamental o intentando hacer lo mismo con la Empresa de Renovación Urbana. Es la manera de evitar licitaciones y demás requisitos legales, sembrando dudas y produciendo desconfianza en el Estado.

Al respaldar la reforma, el Ministro de Hacienda afirmó que el cambio no abre la puerta para que se den prácticas clientelistas y de corrupción a menos de un año de elecciones, además de asegurar que la modificación es necesaria para impulsar la reactivación económica. Otra cosa demuestran los hechos, en los cuales es patética la enorme limitación de los organismos de control para evitar esas prácticas, tan corrientes en toda Colombia.

También preocupa la posible ilegalidad de la reforma a la Ley de Garantías mediante la que aprobó el Presupuesto del 2022, lo que no parece mantener unidad de materia ni respetar la gradación de las normas que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Es de esperar que se produzca un pronunciamiento rápido de la Corte Constitucional, que despejará las dudas y los temores que despierta el interés por aprobar una reforma a todas luces inconveniente.

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