Una legislatura clave

A partir de esta semana y durante tres meses, el Congreso de la República realizará el segundo período de sesiones ordinarias. Será una nueva oportunidad para tomar las decisiones que requiere y reclama con urgencia la Nación, por encima de las manifiestas intenciones de volver a la confrontación en la cual riman los intereses partidistas.

El ambiente es muy distinto a las épocas en las cuales existían amplias mayorías oficialistas, lo cual anticipaba un transcurrir tranquilo en las iniciativas del Gobierno. Subsiste la posición del gobierno del presidente Iván Duque de no negociar la gobernabilidad mediante el reparto de cuotas de poder entre los partidos para conseguir esas mayorías, por lo cual hay una ventaja en número de congresistas independientes o de oposición.

Eso está bien y forma parte de lo que es la esencia de la democracia. Pero como se insinuó en la legislatura que culminó el pasado diciembre, puede ser un gran obstáculo para el logro de objetivos que, como el combate a la corrupción, la reforma profunda a la Justicia y al ejercicio de la política, son mandatos de los colombianos que votan y de los que no lo hacen, para recuperar la credibilidad y el buen suceso de las instituciones en nuestro país.

No es un secreto que esas aspiraciones atraviesan serias dificultades. Además, es clara la persistencia en incluir cambios dirigidos a beneficiar los vicios tradicionales de la política. Es el caso de la propuesta para entregar al Congreso la facultad de disponer de manera autónoma del 20% de la inversión incluida en el presupuesto nacional, un verdadero despropósito que rompe cualquier lógica en el manejo de la hacienda pública, y sólo se explica por el afán de mantener los recursos del erario como fuente para financiar el clientelismo.

La legislatura que se inicia tendrá que revisar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo que el Gobierno ya puso en discusión con las sesiones extras que culminaron la pasada semana. Así mismo, y según cuenta, tendrá que estudiar más de seiscientas iniciativas presentadas por las bancadas en el Congreso. Para ello, y tratando de encontrar un camino más expedito y menos traumático el Gobierno ha establecido mesas técnicas con cada partido como instrumento para atender el reclamo sobre su falta de atención a las propuestas que no salieron del Ejecutivo.

Hay pues mucha tela de donde cortar en las sesiones que se inician. Y enfrente de ello está la necesidad de tomar decisiones como resolver las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, así como la obligación de respaldar la institucionalidad y el Estado de Derecho ante el desafío de las vías de hecho en los departamentos del Cauca, del Huila y del Caquetá, afectando ya a millones de colombianos.

Es todo un entramado de situaciones que deben tener respuestas claras del Legislativo. Sin renunciar al derecho a disentir, a hacer oposición o a defender al gobierno de turno, debe quedar claro que la principal obligación de los legisladores es atender el reclamo nacional y efectuar las transformaciones que demanda el Estado en Colombia.
Para eso es la democracia.