Una gran oportunidad

Luego de un año de tropiezos para las finanzas de departamentos y municipios a causa de la pandemia, el aislamiento social y la caída de la actividad económica, el 2021 arranca con una gran expectativa sobre las regalías que recibirán en los próximos dos años. Es la oportunidad para usarlas como el impulso que requieren las regiones a través de la inversión en obras que a la vez resuelven las necesidades de muchos colombianos.

Son 17,3 millones de pesos que se repartirán en el próximo bienio entre las regiones y municipios del país, cifra de por sí importante para producir el impulso que requiere la Nación. Además debe anotarse que tal expectativa coincide con la reforma al sistema general de regalías que además de elevar la cuota para los municipios y departamentos mineros y productores de hidrocarburos, elimina los más de mil Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), reduciéndolos a solo ocho.

Con ello les da mayor autonomía a las administraciones locales en la definición del destino y la ejecución, algo que se había convertido en una trampa que exacerbó el centralismo e impidió la eficacia del Estado en la ejecución de la inversión pública. Debe destacarse también que habrá prioridad para atender las necesidades básicas insatisfechas y se le dará prioridad a la construcción de vías terciarias, la electrificación rural, el impulso al sector agropecuario, conectividad, el suministro de agua potable y el saneamiento básico de las zonas urbanas.

Esa es la parte más alentadora de un esfuerzo notable para mejorar la descentralización en Colombia y la desconcentración tanto del poder de decisión como de los recursos, sometidos a una tutela asfixiante y burocrática que se pretendía justificar en la necesidad de asegurar la correcta ejecución de las regalías. Lo que se debe producir es entonces la respuesta adecuada de alcaldes y gobernadores para asegurarles a las comunidades las soluciones que esa enorme suma puede aportarles a su calidad de vida.

También es claro el impacto que esa cifra puede tener en la reactivación de la economía, en especial generando demanda en la mano de obra que se requiere para construir el tipo de proyectos que autoriza el sistema de regalías. Y la posibilidad que brinda para que los gobiernos más cercanos a la gente ejerzan la soberanía que se necesita en las zonas rurales en las cuales se presentan los más graves problemas que causa la presencia de los grupos de violencia dedicados a actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.

La parte más preocupante es la posibilidad de que el clientelismo y su sucedáneo obvio, la corrupción, puedan frustrar de nuevo las esperanzas que despiertan los 17,3 billones de pesos. Desde esa perspectiva, la importante cifra puede convertirse en un botín para quienes usan los cargos públicos como medio de enriquecimiento personal y no de servicio a los colombianos que los eligen.

Defender la transparencia en el manejo de esos recursos es el desafío tanto para los gobernadores y alcaldes como para las decenas de organismos de control y vigilancia que existen en Colombia.