Una crisis que no termina

"Más que anuncios, la situación demanda decisiones que eviten el colapso, como la de definir el Plan Obligatorio de Salud, para fijar reglas de juego claras que no permitan la sangría ocasionada por multitud de tutelas y la existencia de la red de ‘intermediarios’ que ahora procesa la Justicia".

Dos meses después de conocerse las denuncias sobre la corrupción en el Sistema de Salud y los graves problemas que afectan su funcionamiento, los colombianos aguardan que el Gobierno Nacional fije un derrotero para superar la crisis.Las revelaciones sobre abusos de varias Entidades Prestadoras de Salud y la manera en que el Fosyga ha sido asaltado por verdaderas asociaciones para delinquir, han producido la indignación de la Nación. Por eso se han recibido bien las actuaciones de los organismos de control y vigilancia, así como las de la Justicia para desenredar la maraña construida alrededor de un derecho fundamental y el castigo a todos aquellos que hasta ahora han sido vinculados a los procesos en marcha. Así mismo, la intervención de SaludCoop y su enorme imperio ha recibido el respaldo de los ciudadanos, pese a que con ello se pueden poner en riesgo los servicios para millones de personas. Como se nota el respaldo a las decisiones que el Gobierno ha venido tomando para controlar los sobrecostos en los medicamentos y las investigaciones que apuntan a descubrir la verdad de un sistema que si bien ha significado avances innegables en términos de cobertura y calidad del servicio, hoy está agobiado por el descrédito y expuesto a deterioros mayores en su capacidad de respuesta. Pero hay otro aspecto más preocupante aún, y se refiere al estado de postración en que se encuentra la red hospitalaria oficial, sobre la que recae la responsabilidad de atender a quienes pertenecen al sistema subsidiado. A manera de ejemplo, el Superintendente de Salud debió lanzar una alerta sobre la crisis financiera que atraviesan los 56 hospitales del Valle. Se refirió el funcionario a las deudas que tienen los 42 municipios con la red, que según él superan los $150.000 millones. Y si bien el municipio de Cali afirma que se encuentra al día, no es menos cierto que el Hospital Universitario pasa por una situación difícil, causada en gran parte porque departamentos y municipios vecinos no cumplen sus obligaciones con la casa de salud. Ese es otro de los múltiples aspectos de la crisis de la salud en Colombia. Más que anuncios, la situación demanda decisiones que eviten el colapso, como la de definir el Plan Obligatorio de Salud, para fijar reglas de juego claras que no permitan la sangría ocasionada por multitud de tutelas y la existencia de la red de ‘intermediarios’ que ahora procesa la Justicia. Y son reestructuraciones para racionalizar la cantidad de empresas, de instituciones y entidades públicas que intervienen en la prestación del servicio, encareciendo sus costos y dificultando la atención a quienes lo necesitan.Ante tales hechos, el Gobierno Nacional no puede demorarse en decidir los cambios que requiere el Sistema Nacional de Salud. Tan necesario como castigar a quienes cometieron fechorías y defraudaron la confianza pública es reestructurar el sistema para impedir que siga en manos de la confusión que destruye y atenta contra su credibilidad y su eficacia en la prestación de un servicio público vital.