Un sistema perverso

Un sistema perverso

Septiembre 15, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Se supone que entre más controles existan, mejor es la vigilancia. Pero no es así en Colombia. Los casos de investigaciones que realizan todas las contralorías se cuentan por miles. Pero son muchísimos más los que se quedan sin indagación, los que prescriben por inacción y aquellos que ni siquiera se escudriñan".

Dentro de los debates que no terminan, el del control al manejo de los recursos públicos y la interferencia de la política clientelista sigue teniendo sitial de honor. Pero poco se logra, a pesar de las múltiples entidades dedicadas a esa labor, a la burocracia que mantiene el sistema y a las promesas de renovar lo que hasta ahora parece imposible de cambiar.El Contralor General de la República lanzó ayer una nueva alarma sobre el efecto que está produciendo la dispersión en la vigilancia al gasto público. “No es un posible que en un país serio existan 63 Contralorías, haciendo cada una lo que considere de acuerdo con su leal entender y saber”, dijo el doctor Edgardo Maya reviviendo una preocupación permanente, que llevó hasta plantear un referendo para abolirlas, por cierto fracasado a causa de la abstención.Se supone que entre más controles existan, mejor es la vigilancia. Pero no es así en Colombia. Los casos de investigaciones que realizan todas las contralorías se cuentan por miles. Pero son muchísimos más los que se quedan sin indagación, los que prescriben por inacción y aquellos que ni siquiera se escudriñan. Y el origen de esa realidad es incontrastable: se debe en primer lugar a la influencia de la politiquería que las usa como reductos burocráticos, y como mecanismos para distribuir el poder entre coaliciones de gobierno. Es la ‘gobernabilidad’, entendida como la repartición de cuotas en las cuales poco importa la idoneidad de los funcionarios ni su compromiso con la función que les fijan las leyes y el mandato ciudadano.La situación es más grave si se tiene en cuenta que no parece existir voluntad para acabar con ese reparto inútil y dañino. Por el contrario, todo lleva a pensar que en las altas esferas del Estado existe un convenio tácito para permitirlo entre las agrupaciones que detentan el poder político en las regiones y municipios, sin tener en cuenta que ese clientelismo impide cualquier acción rápida y efectiva para proteger los dineros y el patrimonio público o el cumplimiento del deber de rendir cuentas sobre el manejo de los bienes confiados a los funcionarios, así sean de elección popular.Así, los llamados del Contralor corren el peligro de caer en oídos sordos. Por supuesto, se producirán manifestaciones de respaldo. Pero la llamada de alerta no tendrá respuesta efectiva, ante los intereses burocráticos y de otros órdenes que toca. Es ni más ni menos que uno de los pilares del poder en departamentos y municipio, que en muchos casos, se transforma en instrumento para proteger los malos manejos y la impunidad, o para presionar a los gobernantes y a los ciudadanos.Hoy, Colombia está a las puertas de iniciar un camino hacia la terminación del conflicto y la violencia. Pero esa ambición nunca podrá ser efectiva si el país político se empecina en mantener un sistema que deja al descubierto el patrimonio de todos los colombianos. Y si permite que sigan existiendo 32 contralorías departamentales, 30 municipales y una nacional, mientras las cifras del despilfarro y la corrupción crecen de la mano del clientelismo.

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