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Un golpe peligroso

"De nuevo, las presiones de un tratado de libre comercio, secundadas al parecer por sectores de la industria nacional, llevan al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a proponer la rebaja de los aranceles que, bajo la franja andina de precios y el Fondo de Estabilización de los precios del azúcar, protegen una actividad que representa para Colombia muchísimo más que un puñado de inversionistas y terratenientes".

2 de septiembre de 2015 Por:

"De nuevo, las presiones de un tratado de libre comercio, secundadas al parecer por sectores de la industria nacional, llevan al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a proponer la rebaja de los aranceles que, bajo la franja andina de precios y el Fondo de Estabilización de los precios del azúcar, protegen una actividad que representa para Colombia muchísimo más que un puñado de inversionistas y terratenientes".

De nuevo, las presiones de un tratado de libre comercio, secundadas al parecer por sectores de la industria nacional, llevan al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a proponer la rebaja de los aranceles que, bajo la franja andina de precios y el Fondo de Estabilización de los precios del azúcar, protegen una actividad que representa para Colombia muchísimo más que un puñado de inversionistas y terratenientes.Estamos hablando de la industria que explota la caña de azúcar y sus derivados. Y nos referimos a más de cinco millones de personas y mucho más de trescientas mil familias que generan sus ingresos con la agroindustria más extendida en Colombia. Que no cubre sólo al Valle del Cauca, sino a más de diez departamentos. Y que además de producir y exportar el azúcar a través de empresas de gran tamaño y debidamente consolidadas, incluye también la producción de panela y de muchos otros derivados. Los aranceles que el citado Ministerio pretende rebajar, son mecanismos de protección para la agricultura de la caña, para la industria azucarera y la panelera. Pero esa protección no es una medida caprichosa o producto de la capacidad de presión de unas cuantas familias, como hasta ahora ha querido verse en Bogotá. Es ante todo una decisión política y social, igual a la que aplican en casi todo el mundo, para defender la estabilidad económica, el empleo y el trabajo en el campo.En otros términos, es la respuesta de Colombia a las condiciones de un mercado distorsionado por las intervenciones del Estado en todas partes. Es un mercado que no se mueve por la competitividad que se mide a través de los precios bajos, como parecen verlo ahora las autoridades nacionales, sino por determinaciones que tratan de mantener disposiciones que permitan estabilidad, inversión y utilización de las bondades que ofrece el campo. Por eso ha sido posible mantener por más de seis décadas al Valle como gran motor del progreso en el suroccidente colombiano. Es la misma razón por la cual miles de trapiches paneleros ubicados en el Quindío, en Cundinamarca, en Antioquia y en diez departamentos más, son fuente de trabajo y de desarrollo del sector agrícola, el mayor demandante de mano de obra, y el que más contribuye a la paz de los colombianos.Ahora, el Gobierno intenta rebajar esa protección para cumplir compromisos con la Alianza del Pacífico, lo que permitirá el ingreso de azúcares baratas y de inferior calidad. Es posible que con ello cumplan compromisos, que nunca fueron discutidos con los sectores afectados en Colombia. Y quizás favorezcan a algún sector de la industria nacional que ejerce presión ante el Gobierno.Pero con ello desconocerán los principios que hasta ahora le han dado estabilidad y tranquilidad a millones de agricultores, comerciantes, pequeñas y medianas empresas, incluyendo a las industrias que hoy están entre las que más pagan impuestos en Colombia. Por eso hay que pedirle al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y al propio Presidente de la República, que detenga lo que será un golpe peligroso al clima social y a la estabilidad del Valle del Cauca y del país.

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