Un deber con la Nación

A pocos días de terminar su trámite en el Congreso, la reforma tributaria que ahora se llama Ley de Crecimiento padece el mismo vértigo de su antecesora, la Ley de Financiamiento que la Corte Constitucional declaró ilegal por vicios de forma. Y siendo un sucedáneo de algo que en su fondo fue aprobado el año pasado, el debate que se lleva a cabo no deja de preocupar por sus características.

En primer lugar debe reconocerse que esa ley es necesaria para evitar problemas graves a todos los sectores públicos y privados. Hay que recordar que la reforma se debe a los riesgos de un déficit fiscal que en su momento se calculaba en ocho billones de pesos, con todo el impacto que tenía para la credibilidad de la economía, la estabilidad de la moneda y la inflación en Colombia.

Ahora se dice que de no aprobarse el nuevo proyecto, ese hueco llegará a los diez billones de pesos, con todas sus consecuencias. Vale la pena aclarar que de no ser porque la Corte aplicó la particular teoría de las sentencias moduladas para ampliar la vigencia de la ley que declaró inconstitucional hasta el próximo 31 de diciembre, y de no presentarse el crecimiento y estabilidad en los precios internacionales del petróleo, las circunstancias que atravesaría el país serían muy distintas al aumento del 3,4% del Producto Interno Bruto que atravesamos.

Esa es la razón de fondo para aprobar la que hoy se denomina ley de Crecimiento, un proyecto que en su esencia reproduce lo aprobado a las carreras doce meses atrás. Desde luego, existen dudas serias sobre si con ella se resuelve el galimatías eterno de la política tributaria que aún espera un cambio estructural. Y hay espacio también para las inquietudes sobre la equidad, sobre los incentivos y rebajas con las cuales se pretende estimular la inversión privada y la actividad empresarial, así como la reducción del IVA para aliviar las cargas a los sectores más pobres de la sociedad.

Pero ante todo, los Legisladores y los partidos políticos con asiento en el Congreso deben entender que de lo que se trata es de darle estabilidad a la economía y al bolsillo de todos los colombianos. Por ello no es este proyecto ni es el momento para revivir la pugna partidista o las presiones clientelistas, sino la oportunidad para ratificar lo que fue aprobado hace un año, y sin caer en los errores de forma que llevaron a la Corte a declarar su inconstitucionalidad.

Es el momento para la sensatez y la prudencia, sin que ello implique silenciar los puntos de vista a favor y en contra de la política tributaria que ha propuesto el Gobierno Nacional desde sus inicios, hace ya catorce meses. Aunque no es la reforma que se ha pedido hace décadas para racionalizar el manejo de la Hacienda Pública en su conjunto, incluidos la nación, los departamentos y municipios, es lo que demandan el momento y la tranquilidad de la economía y de los colombianos.

Ojalá, en el Congreso y en los partidos exista la reflexión necesaria para sacar adelante lo que es casi un deber, el aprobar la Ley de Crecimiento. Y que se haga evitando los riesgos que pueden anular de nuevo lo que puede calificarse como una necesidad nacional.