Un debate necesario

De todo el debate, y por doloroso que sea, lo que se infiere es la necesidad de precisar hasta dónde puede y debe llegar el Estado. Es decir, la necesidad de poner un límite económico que permita garantizar un servicio a todos los colombianos. Como puede verse, el asunto obliga a evitar el populismo exacerbado que ofrece recursos sin freno sin que ello implique llegar al otro extremo, el de negar por razones distintas el buen servicio.

Dentro de los temas por resolver en Colombia está el sistema de salud, la capacidad del Estado para cubrir la demanda creciente de servicios, y los límites que deben ponerse a la atención de los pacientes. Es la labor que si bien se ha ido mitigando mediante decretos y acciones, no parece suficiente ante la magnitud del problema. La semana anterior tuvo como protagonista a una colombiana que mediante tutela logró que el Estado asumiera el tratamiento de su enfermedad, un cáncer en la sangre, en los Estados Unidos. La polémica se desató cuando el Ministerio de Salud interpuso otra reclamación argumentando que el procedimiento sí se podía hacer en Colombia, la cual fue aceptada por un juez, que suspendió la decisión anterior. Aunque el debate incluyó la argumentación de los gremios médicos en el país sobre la capacidad de la medicina colombiana de realizar la atención que requiere la paciente, quedó planteada una especie de contradicción de fondo entre la necesidad de defender una vida humana con todos los recursos posibles, y el deber de poner límites al gasto que debe hacer el Estado, teniendo en cuenta su obligación de atender a los 48 millones de colombianos. Y en el medio, está la sistemática actuación de los jueces que responden a la demanda de los ciudadanos reclamando su derecho a la vida y a la salud, lo que ha hecho imposible establecer los límites que ordenan preceptos constitucionales y el sentido común.De todo el debate, y por doloroso que sea, lo que se infiere es la necesidad de precisar hasta dónde puede y debe llegar el Estado. Es decir, la necesidad de poner un límite económico que permita garantizar un servicio a todos los colombianos. Como puede verse, el asunto obliga a evitar el populismo exacerbado que ofrece recursos sin freno sin que ello implique llegar al otro extremo, el de negar por razones distintas el buen servicio. En la práctica esto último es lo que está ocurriendo, llevando a los usuarios y pacientes a hacer uso de la tutela, lo que a su vez convierte a los jueces en el factor que define un tratamiento médico. Ese es uno de los temas pendientes, que debe empezar a resolverse con la puesta en vigencia de la Ley Estatutaria de la Salud, una vez conocida la sentencia de la Corte Constitucional, en la cual declaró la constitucionalidad de la norma, aunque fijó criterios sobre su aplicación. Según el Ministerio, la Corte “La Corte avaló la definición de límites al derecho fundamental a la salud por medio de un mecanismo “técnico-científico, de carácter público, colectivo, participativo y transparente”. También se sabe que el Alto Tribunal estableció que los límites al derecho de la salud deben fijarse a partir de excepciones y fijó un plazo de dos años para perfeccionar el mecanismo que ponga en vigencia el precepto. Así se avanza en el difícil y complejo camino de establecer hasta dónde debe llegar el sistema de salud en la atención a los pacientes. Lo que por supuesto no debe implicar que las instituciones que operan el sistema se llenen de argumentos para negar los servicios a quienes los necesitan.