Un avance definitivo

Según lo expresado por el presidente Santos, la Justicia que se creará no es una excepción, ni da paso a la impunidad. Al reconocer que habrá tratamiento especial para los delitos de lesa humanidad y atroces, afirmó que no habrá lugar a dejar sin sanción esas conductas.

Seis meses para firmar el acuerdo final, ocho para la entrega de armas y un mecanismo para aplicar el principio de justicia y reparación de la justicia transicional, fue el colofón de una reunión en la que el Presidente de la República y el jefe máximo de las Farc presenciaron la lectura del comunicado en el cual se anunció el consenso sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Se llega así al acuerdo sobre uno de los puntos neurálgicos para dar por terminado el conflicto ocasionado por la guerrilla más antigua del planeta. Y se dan algunas de las respuestas que se esperaban desde el momento en que se iniciaron los diálogos, hace tres años: cuándo terminará la negociación y cómo será aplicado el concepto de justicia que reclama la Nación como requisito para considerar con seriedad el contenido de un posible acuerdo. El comunicado describe los puntos fundamentales de lo acordado por los negociadores. En síntesis, se habla de un tratamiento que incluye la satisfacción de los derechos de las víctimas, el obtener la verdad para la sociedad colombiana, otorgar seguridad jurídica a todos los que participaron en lo que se llama de manera general “el conflicto armado”. Y contribuir al logro de una paz estable y duradera. Aunque es necesario pedir que se aclare qué significa la frase “contribuir a luchar contra la impunidad”, así como no se ve que las Farc reconozcan de manera explícita su responsabilidad en delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, las imágenes del encuentro en La Habana constituyen un documento inédito en la historia de Colombia. Ellas son el testimonio de un proceso de paz que ha alcanzado un progreso hasta ahora nunca logrado con respecto a una negociación con el grupo armado que nació hace más de cincuenta años. Según lo expresado por el presidente Santos, la Justicia que se creará no es una excepción, ni da paso a la impunidad. Al reconocer que habrá tratamiento especial para los delitos de lesa humanidad y atroces, afirmó que no habrá lugar a dejar sin sanción esas conductas. Así lo consigna el acuerdo anunciado, que fija procedimientos y penas especiales, definiendo tratamientos distintos que dependen del reconocimiento de la responsabilidad de los autores. Ya habrá oportunidad para analizar el contenido del acuerdo alcanzado y de los anuncios del presidente y del jefe de las Farc. Y de escuchar con reflexión y cuidado los argumentos tanto de los defensores y contradictores del proceso de La Habana. Es lo menos que puede ocurrir en una sociedad democrática como la nuestra, que debe tener el espacio necesario para conocer todos los puntos de vista posibles sobre algo que deberá refrendar con su voto. Por lo pronto se impone el deber de reconocer el gran esfuerzo que ha realizado el Gobierno del presidente Santos por lograr el final incruento de una violencia irracional, fratricida y dañina para nuestra Nación. Y de esperar que se llegue a un acuerdo sobre los puntos faltantes y sobre las veintiocho salvedades que quedaron pendientes en los temas de narcotráfico, tierras y participación en política de las Farc.