Un año después

A un año de realizada la Consulta Anticorrupción, Colombia sigue sin avanzar en la legislación para combatir al que es uno de sus peores enemigos. Con excepción de uno, los proyectos presentados a consideración del Congreso de la República han sido archivados o hacen un lento trámite, sin que se haya cumplido el compromiso de detener el robo de los recursos públicos y el consiguiente deterioro de la fe pública.

Es claro que la consulta del 26 de agosto del 2018 fue derrotada aunque votaron once millones de colombianos. Pero de ahí surgió el compromiso de la dirigencia política para sacar adelante lo que fue una promesa de campaña, lo cual se complementó con la presentación de ocho proyectos del Gobierno dirigidos al mismo propósito.

Doce meses después, lo que queda son incertidumbres pues las propuestas han fracasado o están embolatadas, ya sea porque les ponen trabas, las tumban sin estudiarlas, priman los intereses de unos cuantos o se hacen propuestas exageradas. De los siete puntos que votaron los ciudadanos sólo uno, el que obliga a los congresistas a presentar rendición de cuentas, ha pasado el trámite.

Si algo ha quedado en limpio es que hasta ahora no ha existido el compromiso de escuchar el llamado de atención de quienes salieron a votar la Consulta Anticorrupción, que si bien no alcanzó el umbral por medio millón de votos, reflejó el rechazo de la gran mayoría de los colombianos contra un vicio que acaba con la credibilidad de las instituciones. Como el asunto quedó en manos del Congreso, solo resta esperar a que ellos actúen en consecuencia.

Ante el Legislativo se han presentado 24 proyectos, de los cuales 10 se hundieron, 7 no han sido discutidos en las comisiones, 2 no tienen ponencia y 5 siguen el trámite a una lentitud exasperante. Y hay un gran obstáculo, la proximidad de las elecciones locales y regionales, en las que están volcados los congresistas, por lo cual poco pasará antes del 27 de octubre.

Después de eso apenas quedará un mes para que termine la legislatura, y como se trata de proyectos que reforman la Constitución Política, se necesitan ocho debates para que puedan ser aprobados. Entonces está en veremos la posibilidad de que avancen las cinco iniciativas que hacen trámite en el Senado y la Cámara de Representantes.

La pregunta es si es posible que se tomen las decisiones que espera el país. Ni siquiera se trata de revisar uno por uno los puntos de la Consulta o de seguir presentado más y más proyectos que al final terminan archivados. Lo que se necesitan son acciones encaminadas a erradicar y perseguir el que hoy es unos de los más peligrosos vicios de la democracia.

En medio de la confusión, no se puede achacar la responsabilidad al hecho de que el actual gobierno tiene minoría en el Congreso ni a la potestad de las mayorías de la oposición a no aprobar las iniciativas gubernamentales. Lo que existe es una indiferencia ante el mandato nacional contra un fenómeno que deslegitima al Estado y que se origina en el clientelismo y el favorecimiento que permite a sus beneficiarios controlar y disponer de recursos que pertenecen a toda la Nación.