Un Acuerdo preocupante

En las próximas horas, las mayorías que en el Concejo de Cali apoyan al Gobierno Municipal aprobarán en segundo debate el proyecto de acuerdo que autoriza al alcalde Jorge Iván Ospina a endeudar hasta por $650.000 millones al municipio y para emitir bonos de deuda pública hasta por un monto equivalente a la deuda existente.

Sin duda, es buena medida usar el endeudamiento del municipio para impulsar la economía de la ciudad, golpeada por la pandemia del coronavirus, el aislamiento social y la consecuente parálisis que debió aplicarse para proteger la salud de los colombianos. Desde esa perspectiva, la propuesta parece inobjetable.

El asunto es para qué y cómo se usarán esas atribuciones que el Concejo le va a entregar al alcalde Ospina, lo que no aparece ni en la propuesta de la Alcaldía ni en la ponencia que rindieron en el primer debate realizado en la comisión de presupuesto a mediados de septiembre. A diferencia del gerente de una empresa privada, los funcionarios deben establecer con claridad a qué se dedicarán los recursos provenientes de cualquier operación de endeudamiento de las entidades públicas a su cargo, como lo establece la ley.

Lo anterior implica también definir con claridad a qué proyectos se destinarán esos dineros y cuál es su valor individual, así como el tiempo de su ejecución, por cuanto lo que se está haciendo es disponer de los recursos aportados por los ciudadanos a través de los impuestos, tasas y contribuciones. Y a su vez, el Concejo como vocero de la comunidad está llamado a ejercer el control político y administrativo sobre el uso que se le dé a ese capital.

Tales observaciones han sido presentadas en su oportunidad por quienes no forman parte de la coalición mayoritaria, sin recibir las explicaciones que debe tener un asunto crucial para el futuro de Cali como sociedad y su administración municipal. No parece claro que la autorización se dé para ejecutar el plan de desarrollo, porque eso sería equivalente a emitir un cheque en blanco a la administración, sin exigirle precisión y proyectos específicos.

Igual de preocupante es que el artículo segundo del proyecto autorice a emitir bonos de deuda para “(…) la sustitución y mejoramiento del perfil de los pasivos financieros contratados (…)”. Quiere que el Concejo otorgue una facultad adicional que eleva el monto de las nuevas atribuciones concedidas a una cifra alrededor de los 1,2 billones de pesos.

Todo ello amerita una discusión abierta y lo suficientemente profunda del contenido del acuerdo para despejar las dudas, además de las respuestas que deben tener quienes han realizado observaciones sobre el proyecto en discusión. Y debe tener las precisiones en materia de garantías y condiciones, así como el compromiso de informar a la ciudadanía sobre los proyectos a realizar con sus impuestos, costos y los plazos en los cuales serán ejecutados y la vigilancia que se aplicará sobre su ejecución.

Para eso debe existir transparencia tanto en el Concejo como depositario del control político como en la Administración Municipal como ejecutora y responsable del ambicioso proyecto.