Transparencia y elecciones

No se necesita esfuerzo para saber que descalificar al juez, al árbitro o a quien realice un proceso electoral es un recurso frecuente para justificar una derrota. Lo que sí debe quedar claro es que quienes participan en el juego democrático, y quienes tienen la responsabilidad de garantizar su pureza, están obligados a vigilar la actuación de quienes administran unas elecciones.

Nos referimos en concreto a las acusaciones del candidato Gustavo Petro sobre posibles fraudes en los comicios que tendrán lugar el próximo domingo, de los cuales responsabiliza a la Registraduría General de la Nación. Y sin pruebas fehacientes pero con insinuaciones constantes, el aspirante pretende motivar una movilización nacional el mismo día del certamen electoral para protestar por la maniobra que según él está dirigida a arrebatarle la Presidencia de la República.

Es claro que el sistema electoral, y el mismo ente encargado de realizar el evento mediante el cual los colombianos eligen a sus gobernantes, está afectado por problemas que han producido serios cuestionamientos en el pasado. También es cierto que existen reclamos constantes sobre la obsolescencia de ese sistema y sobre la necesidad de reformarlo, los cuales se pierden en el silencio cuando llegan al Congreso, la institución que debería actuar en consecuencia.

Pero de ahí a afirmar que en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral existe una especie de confabulación contra el candidato de la Colombia Humana, hay un abismo. Y una clara intención de desconocer los resultados de las votaciones, jugando con la posibilidad de lograr una movilización que cree situaciones en las cuales se ponga en duda todo el Estado en Colombia.

Por ello hay que escuchar los puntos de vista del Registrador, el responsable de asegurar la credibilidad de las elecciones. Si el señor Petro o cualquier ciudadano tienen pruebas de un posible fraude en el certamen que tendrá lugar el próximo domingo, que las presenten ante la Justicia. Y que sea ella la que ordene las actuaciones que se requieran para preservar la transparencia del proceso, para anticiparse y conjurar cualquier intento y sancionar a quien o a quienes encuentre responsables de cualquier anomalía que pretenda desconocer o afectar la voluntad popular.

Lo anterior no significa que se deban cerrar los ojos ante la actuación de la Registraduría. En estos momentos se requiere la vigilancia de los organismos de control e investigación, así como de los cuerpos de seguridad y del Gobierno para garantizar el ejercicio del derecho a elegir y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Ante todo, es necesaria la participación de los ciudadanos y su actuación como guardianes de la transparencia. Además de elegir al nuevo Presidente, de lo que se trata es de ratificar el compromiso con la democracia y la confianza en ella. Por ello, no es este el momento para sembrar la duda que justifique posibles derrotas sino el de respetar y hacer respetar las reglas de juego creadas para asegurar la libertad y los derechos de cada uno de los colombianos.
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