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La Justicia Especial de Paz es una de las claves del acuerdo y el consiguiente impulso para el fin del conflicto con las Farc. Porque de ella depende la credibilidad en el futuro de ese esfuerzo por alcanzar la paz...

24 de marzo de 2019 Por: Editorial .

La Justicia Especial de Paz es una de las claves del acuerdo y el consiguiente impulso para el fin del conflicto con las Farc. Porque de ella depende la credibilidad en el futuro de ese esfuerzo por alcanzar la paz por medios civilizados, quienes están involucrados deben hacer lo que sea necesario para demostrar que no hay retorno.

Como corresponde a todo proceso político, a las decisiones que de allí se deriven y los mecanismos que de él surjan, la JEP ha estado siempre en el primer plano del interés nacional. Su nacimiento fue tan polémico como lo ha sido su configuración, e incluso hoy, dos años después, es causa de polémica debido a las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la ley estatutaria.

En medio de ese debate, el hecho de haber recurrido a la justicia transicional y el respaldo que ha recibido significa un gran progreso en la búsqueda de la paz. Verdad, Justicia y sobre todo reparación a las víctimas son argumentos que parecen haberse ganado un espacio en la mente y el corazón de los colombianos como la salida para la violencia atroz y vestida de argumentos políticos que ha sido la gran protagonista del devenir nacional.

Para ello hay que consolidar la JEP. Su inicio fue marcado por lo que pareció ser una transacción apresurada y llena de concesiones del Estado, la cual fue ajustada por las revisiones de la Corte Constitucional. Luego, la escogencia de sus integrantes, las inquietudes sobre sesgos de algunos de ellos y los descubrimientos sobre sus primeras actuaciones, han sembrado dudas. Y no menos importante ha sido el que se mantenga en el ojo de la polémica permanente.

Para fortalecerla es necesario el respaldo del Gobierno Nacional, que según el presidente Duque es claro aunque tengan diferencias en algunos puntos como lo expresó en sus objeciones a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria. Es evidente entonces que, no obstante las diferencias, de parte del Jefe del Estado no existe interés por acabar con la JEP.

Queda otro factor tanto o más importante para la credibilidad de esa justicia acordada en La Habana. Es el compromiso de los negociadores y dirigentes de las Farc. Aunque casi toda su cúpula ha demostrado su acatamiento y participa en la política, y los guerrilleros desmovilizados han manifestado su compromiso con lo acordado, quedan las disidencias que o no abandonaron las armas o retornaron por el camino de la delincuencia, lo que ha obligado al Estado a actuar contra ellos.

Y quedan dirigentes como ´Iván Márquez’, quien durante seis años se desempeñó como jefe de la comisión negociadora de las Farc, y personajes simbólicos de ese grupo como alias ‘el Paisa’ y ‘Romaña’. Ellos han desaparecido usando argumentos no convincentes y se niegan a comparecer ante la Justicia Especial que ofrece penas alternativas para quienes cuenten la verdad, acepten el veredicto y no reincidan en la delincuencia.

‘Márquez’ debe saber y reconocer que con su actitud desconoce el acuerdo y le está causando un daño grave y quizás irreparable a la JEP y al propósito de buscar la paz aún si ello significó otorgar concesiones como la Justicia transicional.

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