Sin solución

"Reconociendo el derecho que tiene cualquier colombiano a ejercer la protesta cuando siente que es vulnerado, la gravedad de los efectos que tiene el paro de transportadores para la nación hace imperante que se llegue a puntos de acuerdo. Más cuando comienza a aparecer la violencia como factor de presión, con lo que se desvirtúa el sentido social de las manifestaciones".

Veinticinco días de paro camionero le pasan ya una onerosa factura al país. Sin un acuerdo a la vista, y con los representantes de los transportadores retirados de la mesa de negociaciones, no parece fácil encontrarle arreglo a una situación que se repite año tras año, desestabiliza la economía nacional y afecta a todos los colombianos. Los reclamos que han llevado a inmovilizar 150.000 camiones son los mismos de siempre: su pretensión de que se reforme el sistema de fletes, una reducción de los precios de los combustibles y los peajes, garantías de seguridad laboral para los conductores y que se cambien las condiciones de chatarrización de los vehículos viejos. Son asuntos que, pese a discutirse cada tanto tiempo y a los acuerdos a los que llegan el Gobierno y el gremio para levantar las protestas, se usan de manera recurrente para motivar el paro del sector.Ese círculo vicioso es al que no se le encuentra una salida definitiva para evitar que la economía nacional, la industria, el comercio y los ciudadanos del común, sufran el impacto de una parálisis que puede durar semanas o meses. Como ejemplo están las pérdidas por 1,4 billones de pesos que causa hasta ahora la protesta de los camioneros, el punto de colapso en el cual están las bodegas de almacenaje de puertos como el de Buenaventura y el incremento de los precios de las materias primas así como de los productos de la canasta familiar, muchos de los cuales ya no se consiguen por la escasez que comienza a generarse.Tan grave como esos efectos para la Nación, son las intimidaciones a las que están siendo sometidos los transportadores de carga que no se han unido al paro. Según las autoridades ya son 25 camiones dañados o incinerados por los manifestantes, mientras 16 personas han sido capturadas por tales hechos. Si bien es un alivio que no estén bloqueadas las carreteras del país ni se haya restringido el paso por las vías nacionales, las agresiones y el vandalismo no son el camino para reivindicar sus pretensiones.Reconociendo el derecho que tiene cualquier colombiano a ejercer la protesta cuando siente que es vulnerado, la gravedad de los efectos que tiene el paro de transportadores para la nación hace imperante que se llegue a puntos de acuerdo. Más cuando comienza a aparecer la violencia como factor de presión, con lo que se desvirtúa el sentido social de las manifestaciones.El Gobierno tiene, sin duda, la obligación de escuchar las peticiones de los transportadores, atender sus reclamos cuando estos sean justos, así como honrar los compromisos a los que se llegue para que estos sean permanentes en el tiempo. Pero también es cierto que los responsables del paro camionero deben mostrar su voluntad de llegar a acuerdos definitivos, que estos estén en concordancia con la realidad económica nacional y puedan ser asumidos para que no terminen sin cumplirse. Es el arreglo que esperan cuanto antes los colombianos, para que no se le cause más al país un perjuicio que ya le resulta muy costoso y afecta a todos.