Sin Dios ni ley

"Lo que ocurre en las cárceles colombianas es una verdadera afrenta al Estado de Derecho y a la sociedad que confía en el compromiso de las autoridades en castigar el delito y tratar de reformar al delincuente".

Si algo faltaba para reclamar el fin del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, y el establecimiento de una verdadera política carcelaria, la investigación de la revista Semana es suficiente prueba. Lo que ocurre en las cárceles colombianas es una verdadera afrenta al Estado de Derecho y a la sociedad que confía en el compromiso de las autoridades en castigar el delito y tratar de reformar al delincuente. Pero lo que ocurre es todo lo contrario. Desde hace muchos años puede decirse que en las cárceles mandan los más avezados criminales, la corrupción de muchos de quienes tienen a su cargo la vigilancia de los reclusos y el inmenso poder del dinero. Así, los centros de reclusión son un submundo sórdido, peligroso y amoral, donde se cometen toda clase de irregularidades mientras las interpretaciones del derecho a constituir sindicatos se convierte en una casi inexpugnable barrera que protege la venalidad e impide siquiera desvincular a quienes han sido encontrados culpables de delitos. El cuadro que pinta la revista capitalina es por lo menos aterrador. Allí puede verse la forma en que los criminales manejan a su antojo los penales. Cómo mantienen prebendas, la forma como dirigen sus organizaciones de delincuencia y siguen sin que, al parecer, las autoridades puedan impedirlo. Y la forma en que la guardia encargada de hacerles cumplir sus condenas se convierten en sus grandes aliados, traficando con armas, estupefacientes, celulares y mujeres. Es decir, allí no opera el Estado y muchos de los que lo representan sólo usan sus atribuciones para beneficio propio y de los presos que pagan por sus ventajas. Por supuesto, en esas cárceles también hay personas que no pueden pagar las tarifas de la corrupción. Y también existen servidores públicos conscientes de sus obligaciones y sus deberes. Pero ya se sabe que su vida corre peligro si denuncian o actúan contra la inmoralidad. Es la consecuencia de no tener una política carcelaria que se articule con la política criminal que guíe la actuación de las instituciones en el combate al delito. Por eso, las cárceles son una especie de botadero, donde se hacinan los acusados y los condenados y donde el Estado es impotente para controlar lo que allí ocurre. Entonces el Gobierno nombra a un General de la Policía que debe capotear el problema, como si su formación fuera suficiente para acabar el caos que generan las organizaciones criminales y los funcionarios vendidos. Por eso, las constancias de trabajo y estudio que se venden por montones terminan siendo instrumentos para lograr que un juez decrete libertades ilegales, con lo cual se evaden las restricciones que imponen las condenas. El general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Inpec, ha dicho que la solución es “hacer un nuevo instituto”. Infortunadamente, la inquietud es la misma de hace 17 años, cuando fue creado para resolver problemas idénticos: mientras no haya una verdadera política criminal y penitenciaria y el Estado no asuma su responsabilidad en las cárceles, esos sitios de reclusión seguirán siendo reproductores de los vicios, costumbres y crímenes que amenazan a la sociedad colombiana.