¡Sí se puede!

Agosto 30, 2020 - 06:55 a. m. 2020-08-30 Por: Editorial .

Reaccionando de manera rápida, las autoridades develaron las circunstancias que llevaron a la muerte de cinco jóvenes en cercanías del barrio Llano Verde, capturaron a sus autores y ahora los pondrán a órdenes de los jueces. Esa es la manera como debe enfrentarse la batalla contra el delito para darle confianza a los ciudadanos sobre la acción del Estado.

Lo informado por el Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación, el Comandante de la Policía Nacional, la Gobernadora del Valle y el Alcalde de Cali da a entender que el crimen cometido el pasado 11 de agosto fue causado por la intolerancia de quienes arremetieron contra ellos en un cañaduzal. Crimen atroz que demuestra también hasta dónde se ha perdido la noción del valor de la vida humana y exige un gran esfuerzo para crear conciencia sobre el respeto que debe tener el derecho a existir.

Hasta ahora queda claro también que en ese asesinato colectivo no hubo intenciones políticas ni se trató de un reclutamiento forzado. Y que en su ejecución no intervino ningún servidor público, como tampoco se trató de un crimen de Estado. Fue un hecho doloroso para las familias de los cinco jóvenes asesinados, quienes además no cometían ningún delito en el momento en que fueron ejecutados de manera salvaje.

Lo deseable hubiera sido que existieran las medidas de protección y seguridad que evitaran tan terrible acción contra las víctimas que hoy llora también la soledad colombiana. Pero es necesario reconocer que las autoridades se unieron y trabajaron de manera rápida y efectiva para dilucidar sus circunstancias, capturar a los presuntos autores y ponerlos a disposición de la Justicia, Ahora serán los jueces los encargados de procesarlos y de castigar el crimen de acuerdo a la ley.

En otras palabras, el Estado está actuando con la celeridad que se requiere para evitar que la impunidad cubra un hecho que conmociona a la sociedad caleña. Eso es lo que debe hacerse en las demás masacres que, como las cometidas la semana pasada en Samaniego, en Tumaco o en el Tambo, siembran la indignación y el temor entre los colombianos y hacen exigir que haya respuestas para impedir la impunidad de sus autores, sean quienes fueren y estuvieran motivadas por cualquier razón.

En momentos como los que atraviesa el suroccidente de Colombia, lo que se requiere es la presencia efectiva del Estado para impedir que la delincuencia organizada o la intolerancia que se hizo presente en la muerte de los cinco jóvenes del barrio Llano Verde, atente contra la vida y los derechos de los ciudadanos. O para actuar de manera rápida y decidida contra quienes cometen crímenes que producen una mezcla de indignación y desconcierto.

Los resultados de esta investigación indican que el Estado sí puede actuar con rapidez y decisión para descubrir y combatir la delincuencia que está generando violencia y pretende aprovechar la impunidad para seguir sembrando el terror. Con ello se podrá aliviar la inquietud de la ciudadanía sobre el papel que cumplen las autoridades en defensa de sus derechos y en contra de los criminales que la acechan.

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