Sí se puede

Luego de dos meses de haber recibido la terna para el Fiscal General de la Nación, los magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligieron al doctor Francisco Barbosa como titular de esa entidad. Además de llenar un vacío, tal decisión demostró que sí es posible lograr el consenso que se requiere para cumplir con un deber constitucional.

El doctor Barbosa reemplazará a Fabio Espitia, quien ejercía como encargado ante la sorpresiva de renuncia del doctor Néstor Humberto Martínez, la cual se produjo hace nueve meses. Debe reconocerse que durante ese tiempo existió un Fiscal General con plenos poderes que hasta donde se conoce actuó con la prudencia y la eficacia necesarias para la buena marcha de una institución imprescindible para un país en el cual se presentan muchas situaciones de carácter penal que demandan la actuación de esa entidad.

Pero debe decirse también que el Gobierno no había presentado antes esa terna, debido precisamente a los vacíos que aún ponen en riesgo el cuórum decisorio en La Corte. En otros términos, se temía que ante las ausencias sería casi imposible lograr esa unanimidad que se produjo el pasado jueves, lo cual conllevaría un desgaste que afectaría en primer lugar a quienes fueran nominados, agregándole un tinte político innecesario a lo que ante todo es y debe ser una función ordenada por la Carta Magna de los colombianos.

La elección se produjo por la unanimidad de los dieciséis magistrados de la que es la autoridad máxima en la aplicación de la Justicia. A ese punto se llegó, debido a los problemas, diferencias o como quiera llamarse, de los integrantes de la Corte en la elección de sus propios integrantes. Es lo que se conoce como la cooptación, facultad que el constituyente le entregó a la Corte para evitar la influencia de la política en el Congreso que antes los elegía.

Esa atribución se produjo creyendo en la capacidad de los magistrados de cumplir el mandato pensando de manera estricta en el bien de la rama Judicial. No ha sido así, al parecer por que existen diferencia políticas personales o de cualquier otro orden que han dividido la institución a tal punto que la tienen al borde de una crisis institucional jamás imaginada.

Es que el próximo 27 de febrero, la Sala Plena se quedará con sólo quince miembros al cumplirse el período de otro de sus miembros. Es decir, perdería su capacidad de decisión en muchos de los asuntos que se le confiaron a la Corte, y habría que buscar mecanismos de emergencia para superar los caprichos, las diferencias o las razones que han impedido cumplir con la obligación de tener los veintitrés magistrados que la conforman.

La elección del Fiscal demostró que sí es posible construir el consenso para elegir que durante más de un año ha impedido conformar la Corte Suprema y cumplir los deberes que le corresponden. Es decir, superar las diferencias y lograr esa unanimidad obligada ahora por las diferencias que se atraviesan en su buena marcha.

Es de esperar entonces que se repita ese acuerdo y se elijan los magistrados que faltan, evitando una insólita e injustificada crisis en la administración de la Justicia en Colombia.