Sentencia gris

Sentencia gris

Septiembre 18, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Pues bien, dos años debieron pasar para que la mayoría de los magistrados expresaran que el Presidente no tiene atribuciones para citar al Congreso a estudiar sus objeciones a un acto constitucional que cumplió todos los trámites y se presume legal.

Con un lacónico informe de su presidenta, que describe la decisión adoptada por 15 de sus 24 integrantes, el Consejo de Estado finalizó su actuación en el proceso desencadenado por la Reforma a la Justicia que adoptó el Congreso de la República hace dos años. En lugar de hacer la claridad que de ellos se esperaba, los Magistrados dejaron enormes dudas por resolver. Según la presidenta del Consejo, magistrada María Claudia Rojas, la Corporación declaró la nulidad del decreto expedido por el presidente Juan Manuel Santos para abortar el engendro que salió de una desventurada comisión de conciliación en la cual se pactaron cambios vergonzosos a la Constitución Nacional. Entre otras bellezas, en esa reforma se pretendió garantizar la impunidad a todas las alianzas de la política con las distintas formas de criminalidad que han azotado a la Nación, además de tratar de conseguir el respaldo de los jueces otorgándoles beneficios ilegales. Pues bien, dos años debieron pasar para que la mayoría de los magistrados expresaran que el Presidente no tiene atribuciones para citar al Congreso a estudiar sus objeciones a un acto constitucional que cumplió todos los trámites y se presume legal. Son objeciones que según la ley no puede hacer a una norma de carácter constitucional, quedándole sólo la facultad de negarse a promulgarlo, caso en el cual deberá hacerlo el presidente del Congreso. Según la declaración de la presidenta del Consejo de Estado a un medio de comunicación, y de acuerdo con el nuevo Código Contencioso Administrativo, la declaratoria de ilegalidad sólo tiene vigencia hacia el futuro. Dice la doctora Rojas que la decisión no toca ninguna actuación anterior y que se tomó pensando en proteger el Estado de Derecho y la Constitucionalidad, además de querer precisar los límites de las facultades presidenciales. En resumen, el Decreto demandado es inconstitucional, pero esa condición sólo opera hacia el futuro.Aparece entonces la confusión. Es claro que la consecuencia de la sentencia debe ser la nulidad de las sesiones en las cuales el Congreso derogó la reforma adoptada y los acuerdos de la comisión de conciliación. Surgen muchas preguntas: ¿Acaso ello no implica que la situación se retrotrae al momento en que se adopta el acta de conciliación y el Acto Constitucional se presenta al Presidente de la República para su promulgación? ¿Será que el hecho de que la sentencia obre hacia el futuro excluye cualquier otra demanda que reclame la aplicación de ese principio jurídico?Por supuesto, habrá muchos más interrogantes a resolver, porque el Consejo de Estado no dio claridad sobre un asunto de gravedad indiscutible, emitiendo a cambio una sentencia gris que deja más preocupaciones que certezas. Y ya se presentarán demandas ante las demás Cortes sobre la constitucionalidad de la reforma y los acuerdos nefastos de los conciliadores. Pero, mientras ellas fallan, la legalidad de Colombia seguirá en vilo. Y siempre existirá la posibilidad de que la malhadada reforma sea revivida, para mal de nuestra Nación y de nuestro Estado de Derecho.

VER COMENTARIOS
Columnistas