Salud, ¿otro descalabro?

Contrario a lo que se esperaba y a juzgar por las reacciones de los usuarios como por las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, la venta de Cafesalud a una EPS de nombre Medimás va camino de convertirse en una nueva frustración. Y en un problema de dimensiones que afectará a los cuatro millones de afiliados al último de los eslabones de la cadena que empezó con Saludcoop.

A tres meses de iniciadas las labores de esa entidad, ya es tiempo para expresar la alarma que produce la forma en que Medimás está respondiendo a sus compromisos. De todas partes de Colombia se levantan las quejas de las personas a quienes se les está poniendo en peligro el acceso a la salud, las cuales van ya acompañadas por pronunciamientos de la Procuraduría que hablan de “incumplimientos en la prestación del servicio, deficiencias que daban lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento”.

Pero también quedó en evidencia la debilidad estructural de la EPS que llevó al cambio de su presidente sólo dos meses después de iniciar su funcionamiento. Sin embargo, lo más preocupante es que no está claro cuál es la infraestructura hospitalaria que se encarga de prestar los servicios, a pesar de que en algunas partes como Cali se han logrado acuerdos con centros de salud para atender enfermedades de alto riesgo.

Todo eso lleva a que se presenten problemas de asignación de citas, entrega de medicamentos, remisión de pacientes y cancelación de procedimientos quirúrgicos y médicos. No es difícil comprender que quienes padecen las consecuencias son los seis millones de afiliados a Medimás, quienes deben sufrir la demora cuando no la negación a los servicios que requieren, muchos de ellos de características vitales.

En ese sentido, el informe presentado por la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, sobre las irregularidades encontradas y la necesidad de la prestación de los servicios de salud en condiciones de acceso real y oportuno, son una alerta que debe ser escuchada por el Gobierno Nacional. Aunque el ente de vigilancia estatal se dirige a la Superintendencia de Salud para pedirle cuentas sobre las labores que ha cumplido para defender los derechos de los afectados en este caso, el verdadero destinatario debe ser el Ministerio, que debe tomar las medidas necesarias para hacer cumplir la ley.

Es que no se trata sólo de salvar con la venta el patrimonio amenazado por las irregularidades cometidas en Saludcoop, ni de reemplazar a Cafesalud en su triste desempeño en la atención a sus millones de usuarios. Tampoco es el momento para trenzarse en disputas de carácter jurídico entre las entidades públicas, cuando es claro el peligro que amenaza a la sociedad colombiana.

Por ello, lo verdaderamente importante y lo que no admite esperas, es garantizar los derechos de los afiliados, quienes no tienen responsabilidad alguna en el descalabro que está sufriendo el servicio de salud pública por cuenta de Medimás.