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Riqueza para otros

Ni la pesca para su sustento les está quedando a los habitantes del Pacífico colombiano. Su fuente primaria de ingresos, la que les debiera asegurar una vida sin las urgencias que hoy padecen, se la están llevando otros, mientras la protección y las respuestas del Estado brillan por su ausencia.

18 de mayo de 2018 Por: Editorial .

Ni la pesca para su sustento les está quedando a los habitantes del Pacífico colombiano. Su fuente primaria de ingresos, la que les debiera asegurar una vida sin las urgencias que hoy padecen, se la están llevando otros, mientras la protección y las respuestas del Estado brillan por su ausencia.

La situación no es de ahora. Dos décadas llevan las comunidades y las asociaciones de pescadores artesanales denunciando cómo barcos de pesca ilegal de bandera extranjera se adentran en aguas colombianas, arrasan con los bancos de peces y si acaso les dejan algunos restos a los locales, que apenas cuentan son sus canoas o con pequeñas embarcaciones para realizar su labor. Al final de la jornada, dicen, por mucho les queda lo de cubrir el costo de la gasolina y llevar algo para alimentar a sus familias.

El año anterior las autoridades detuvieron 27 barcos haciendo labores de pesca ilegal dentro de las 200 millas náuticas del Pacífico colombiano. Provenían de Ecuador, Perú, Nicaragua y China, país este último donde una aleta de tiburón, materia prima de su exótica sopa, llega a costar hasta 120 dólares. El festín se lo dan sus barcos en cercanías de la isla de Malpelo, santuario de las más diversas especies marinas, a donde se le hace difícil llegar al Estado.

Es como si la defensa del mar Pacífico nacional no fuera una prioridad, o que los esfuerzos estuvieran concentrados casi de manera exclusiva a la lucha contra el narcotráfico, lo que es su deber pero no es lo único a combatir en aguas colombianas. Mientras la Armada persigue a las embarcaciones cargadas de cocaína, por su lado pasan los barcos repletos de la pesca que han extraído ilegalmente.

Mientras otros se llevan la riqueza de nuestro mar, el millón de personas que habitan en los 1.300 kilómetros que abarca el Litoral Pacífico viven en condiciones paupérrimas, la mayoría en la pobreza absoluta y sin oportunidades para desarrollarse y mejorar su calidad de vida. Entonces se puede comprender que en medio de tantas necesidades y del abandono estatal en la región se asienten actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal o la deforestación.

La culpa no es ni mucho menos de los barcos pesqueros que entran ilegalmente en aguas colombianas y arrasan con lo que encuentran a su paso. Es de un Estado centralista y ausente que no ha comprendido cómo en los recursos naturales y su uso sostenible está la respuesta a tantas necesidades y la desigualdad que padece la gente de Nariño, Cauca, Chocó y Valle.

Dónde está, por ejemplo, el apoyo para que en el Pacífico se desarrolle una industria pesquera, respetuosa con el medio ambiente, que garantice el desarrollo económico y social de la población. O por qué no hay una facultad de ciencias marinas, en la que las generaciones más jóvenes aprendan sobre su mar y se les enseñe a protegerlo mientras hacen buen uso de él.

Debe ser difícil ver ese océano de posibilidades cuando se está a 2.600 metros sobre el nivel del mar o a 513 kilómetros de distancia de la ciudad más importante sobre el Pacífico colombiano. Mientras esa ceguera se mantenga, los pescadores artesanales y los habitantes del Litoral seguirán viendo cómo su riqueza se la llevan barcos extranjeros mientras ellos luchan con la miseria.

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