Respaldo a la paz

las medidas tomadas para desmovilizar a las llamadas Autodefensas y que se han aplicado en muchos casos de guerrilleros que quieren dejar las armas son útiles

Mientras en Colombia siguen los problemas producidos por la sentencia que declaró inconstitucional la aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados, la Corte Penal Internacional hace un reconocimiento de los esfuerzos de nuestro país por usar la ley para doblar la página de la violencia dejada por guerrillas y paramilitares, sin olvidar la obligación de conseguir que se sepa la verdad de lo ocurrido y se logre la reparación de las víctimas.Por supuesto, aún falta mucho camino por recorrer para alcanzar la paz. Pero, como lo reconoció el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, Colombia está empeñada en buscar la forma de llegar a ese objetivo. Y como lo admite en una entrevista a un medio de comunicación colombiano el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, las medidas tomadas para desmovilizar a las llamadas Autodefensas y que se han aplicado en muchos casos de guerrilleros que quieren dejar las armas son útiles, así falten todavía ajustes y resultados en términos de sentencias a quienes cumplieron los requisitos para tener derecho a los beneficios establecidos en la Ley de Justicia y Paz.Esa perspectiva, positiva sin dejar de ser vigilante o de exigir acciones del Estado para garantizar la verdad y la reparación, contrasta con el pesimismo que expresan algunos sectores del país sobre el futuro de los intentos por lograr una pacificación tranquila. Es una decisión que propone soluciones de carácter político antes que militares y respaldada en instrumentos jurídicos que le den una base sólida al proceso de reintegración que demandan las decenas de miles de personas que hasta hace menos de diez años conformaban los ejércitos de la muerte y la destrucción. Es la razón por la cual Colombia fue invitada a intervenir en la IX Asamblea de Estados partes de la Corte Penal Internacional, organismo rector de la institución creada para impedir la impunidad de los crímenes atroces y de lesa humanidad. Allí, el presidente Juan Manuel Santos destacó las bondades de la política de Seguridad Democrática que les permitió a las autoridades recuperar la vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Ese fue el punto de inflexión que, aunado a la voluntad de buscar alternativas razonables que eviten la impunidad y desconozcan los derechos de las víctimas, permitió encontrar una salida.Pero, sin duda, tal salida está distante. Ahora mismo, el Congreso de la República tramita una ley que reemplace la disposición anulada por la Corte y que cubre a 17.000 integrantes de las AUC que no tenían autoridad y mando. Es otro paso más, que debe ser complementado con el fortalecimiento de la Fiscalía para acelerar los procesos y llevar a término sus investigaciones. Y con la decisión de reforzar los instrumentos para encontrar a las víctimas y para darles la reparación que se merecen por los daños que recibieron. Esa forma de buscar una salida que haga justicia y ofrezca soluciones, es la que ha sido reconocida por la Comunidad Internacional. Y debe servir de aliciente para continuar una ruta, difícil y compleja pero necesaria para poner fin a la violencia en Colombia.