Regular o prohibir

La discusión sobre las plataformas digitales de transporte en Colombia lleva al menos diez años sin que a la fecha se genere un marco regulatorio sobre esas aplicaciones, acorde con los avances tecnológicos mundiales, que garantice la competencia libre y leal, mientras se protege a los usuarios. Como ha ocurrido antes, la prohibición parece ser el camino fácil frente a la incapacidad de legislar para los tiempos modernos.

Esta semana se conoció que el Ministerio de Transporte trabaja en el borrador de un proyecto de ley que busca sancionar a quienes trabajen bajo esas plataformas y, como novedad, impone multas millonarias a los usuarios de dichos servicios. A la vez permite a la Superintendencia del ramo bloquear en internet las aplicaciones para impedir su utilización.

Si bien en las últimas horas, y como consecuencia de las críticas hechas a la iniciativa, el Gobierno Nacional anunció que se abrirán mesas de concertación para discutir el proyecto, no se conocen alternativas que incluyan reglas diferentes a las sancionatorias. El debate es necesario si se pretende generar una hoja de ruta que refleje la realidad de un mundo que ya no se puede pensar ajeno al desarrollo de las tecnologías, de la competitividad global ni ignore los cambios en los intereses de los usuarios digitales.

En el caso de Colombia existen múltiples aspectos que se deben tener en cuenta al definir el marco de regulación para el transporte público individual. En primer lugar, es indispensable equilibrar las condiciones que hoy rigen en exclusiva para el gremio de taxistas, que es sobre el que recaen las cargas tributarias y las exigencias de seguridad, las cuales no aplican para las plataformas digitales. Es esa normatividad la que debe especificarse y hacerse cumplir, velando siempre por los intereses de los usuarios pero también por las condiciones laborales de quienes prestan el servicio.

Es imposible negar que el uso de las aplicaciones tecnológicas de transporte fue en aumento en el país como resultado de las deficiencias de un servicio que se volvió paquidérmico, desconoció desde la comodidad de ser el único prestador las reglas básicas de un servicio al cliente eficiente y justo, y no se interesó en principio por unirse a la modernidad o por comprender las exigencias actuales de los usuarios.
Aunque son cada vez más los que participan en esas nuevas tendencias, queda un reducto que ejerce presión política con el único propósito de evitar una transformación que es necesaria e imparable.

Después de una década de discusiones infructuosas y de intentos fallidos por legislar de cara a los desarrollos de la tecnología y las comunicaciones, esta debería ser la oportunidad para definir unas reglas de juego claras, que no sean las que pretenden limitar la libertad de un mercado de oferta y demanda cada vez más amplio. Países como México, Indonesia, Estados Unidos o Australia, ya han logrado esa regulación, con requisitos estrictos que defienden tanto los intereses de conductores como los derechos de los pasajeros. ¿Seguirá Colombia de espaldas a esa nueva realidad?