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Registraduría: dudas persisten

"De pronto resultó que contra la decisión sí cabían recursos para revisarla. Que sí era factible derogar la resolución que autorizó un procedimiento ilegal y mal aplicado cuando se trata de garantizar el derecho a elegir y ser elegido. Y después de muchas explicaciones, el doctor Carlos Ariel Sánchez declaró la validez de las firmas necesarias para asegurar la inscripción de la candidatura del doctor Guerrero..."

30 de agosto de 2011 Por:

"De pronto resultó que contra la decisión sí cabían recursos para revisarla. Que sí era factible derogar la resolución que autorizó un procedimiento ilegal y mal aplicado cuando se trata de garantizar el derecho a elegir y ser elegido. Y después de muchas explicaciones, el doctor Carlos Ariel Sánchez declaró la validez de las firmas necesarias para asegurar la inscripción de la candidatura del doctor Guerrero..."

Diez días después de que el Director del Censo Electoral anunciara la negativa de esa dependencia a la candidatura del médico Rodrigo Guerrero a la alcaldía de Cali, el Registrador Nacional debió rectificar la decisión. Lo que no parece suficiente para tranquilizar a los colombianos sobre la actuación de la entidad encargada de proteger la confianza de las elecciones. El 19 de agosto, el señor Holman Ibáñez anunció la decisión de no aceptar las firmas de dos candidatos, la doctora Susana Correa y el doctor Guerrero. Fue un viernes a las seis de la tarde, cuando las posibilidades de actuar de los aspirantes perjudicados era imposible. Y el argumento no podía ser más preocupante: que se había aplicado una fórmula matemática autorizada por una resolución de la Registraduría con la cual se evita el conteo total de las firmas. Es decir, que la estadística fue utilizada para revisar el derecho a elegir de miles de personas, no obstante el margen de error que permite. Vino entonces la reacción de la opinión pública, indignada aún más por las denuncias de corrupción y de chantajes a los aspirantes. Y la respuesta airada e irónica del Registrador, quien en vez de limitarse a defender la actuación de sus subalternos se dedicó a descalificar los justos reclamos de quienes se sintieron perjudicados por el proceder del señor Ibáñez y la consecuente injusticia que se cometía. Después de ello, el jefe de la entidad que debe garantizar transparencia, empezó a reversar sus posiciones. De pronto resultó que contra la decisión sí cabían recursos para revisarla. Que sí era factible derogar la resolución que autorizó un procedimiento ilegal y mal aplicado cuando se trata de garantizar el derecho a elegir y ser elegido. Y después de muchas explicaciones, el doctor Carlos Ariel Sánchez declaró la validez de las firmas necesarias para asegurar la inscripción de la candidatura del doctor Guerrero, no sin antes aceptar la renuncia de Ibáñez y realizar cambios en las registradurías de Cali y de otros 19 municipios vallecaucanos, como si allí estuvieran las causas del problema y como si la responsabilidad primaria no fuera del Registrador Nacional. Con el reconocimiento de ayer, el funcionario hizo justicia a los 68.780 ciudadanos que de forma válida respaldaron la aspiración del candidato Guerrero. Pero ahí no puede culminar el proceso para investigar lo que está ocurriendo en la Registraduría. Basta con recordar los incidentes que en Colombia, y en especial en el Valle, se produjeron con ocasión de las elecciones al Congreso realizadas en marzo de 2010. Episodios turbios que se quedaron en la oscuridad a pesar de la indignación ciudadana. Hoy se sabe que la candidatura de Rodrigo Guerrero queda en firme. Pero persisten demasiadas sospechas y muchos cabos sueltos. Por eso es momento de pedir al señor Registrador que facilite las investigaciones y los cambios necesarios para recuperar la confianza en una institución que por sus características y la función que cumple debe estar exenta de cuestionamientos y polémicas como las que padece en la actualidad. Así ello implique su retiro del cargo.

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