Reforma aplazada

"La posición de los magistrados cerró también las puertas..."

Como lo habían anticipado algunos enterados, la reforma a la Administración de Justicia que propuso el Gobierno a las Altas Cortes fue aplazada ante las dificultades para encontrar un consenso. Lo cual no obstaculizará que el Congreso dedique sus esfuerzos a estudiar y tomar las decisión que reclaman los colombianos para combatir la impunidad, acabar con la morosidad en la resolución de los conflictos y permitir que las autoridades tengan herramientas efectivas para derrotar la inseguridad que los afecta.No podría haber sido más sintomática la reunión de la mesa que se creó para empezar a estudiar la propuesta del Gobierno. Desde el primer momento fue claro que los miembros de las Cortes no estaban de acuerdo con los cambios que resolvían los conflictos de poder entre los tribunales, y entre ellas y el Ejecutivo, y protestaban contra cualquier amago de tocar sus prerrogativas. Sin duda, muchas de sus observaciones tenían la razón. Pero fue tan evidente la distancia en asuntos de fondo que el presidente Juan Manuel Santos decidió aplazar la presentación del proyecto ante el Congreso, advirtiendo que habrá reforma así no se logre el consenso.Así se perdió una nueva posibilidad de encontrar salidas a los problemas que obstaculizan el correcto funcionamiento de instituciones como la tutela, o que se diera el debate sobre la conveniencia del Consejo Superior de la Judicatura, aprovechando el acuerdo nacional que reúne a la inmensa mayoría de los legisladores. La posición de los magistrados cerró también las puertas a la discusión sobre la conveniencia de involucrar a los tribunales en la elección de funcionarios que, como el Fiscal General, el Procurador y el Contralor, no pertenecen a la carrera judicial, así tengan estrecha relación con la administración de Justicia.Pero se abrió la oportunidad de empezar a revisar los cambios que se requieren para hacer más efectiva la acción del Estado en su conjunto contra la criminalidad que crece en todas las ciudades del país, auspiciada por la debilidad del sistema penal acusatorio y los abusos en recursos como la libertad bajo palabra y la laxitud frente a los menores delincuentes de alta peligrosidad. O contra la morosidad que hace que un proceso ordinario consuma más de 20 años y una demanda al Estado se demore 10 o más años, mientras muchos jueces aplican la tutela sin criterio, causando graves problemas al patrimonio público y desconociendo la jurisprudencia de los más altos tribunales. Es lo que obliga a debatir también la crónica falta de recursos que padece la rama judicial, generando disculpas para explicar la morosidad o ausencia de resultados en el primer servicio público que debe suministrar un Estado.Eso es lo que están esperando los colombianos del común. Siendo grave la ambición política que crece en algunos magistrados y el roce entre los poderes públicos, es la falta de una pronta y cumplida justicia el asunto que preocupa a la Nación. Por eso produce esperanza el que el Ejecutivo y el Congreso asuman esa tarea, largamente aplazada sin que exista una explicación que justifique esa demora.