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Reficar: ¿Quién responde?

Ya se sabe entonces qué ocurrió, cuánto pueden ser los gastos injustificados y el lucro cesante que queda de Reficar. Ahora se espera que en los tribunales de arbitramento y ante la Justicia se presenten las demandas para recuperar lo que fue una especie de barril sin fondo que se cubrió con el silencio y se pagó con la bonanza petrolera y con créditos que se sufragarán en 30 años.

8 de diciembre de 2016 Por:

Ya se sabe entonces qué ocurrió, cuánto pueden ser los gastos injustificados y el lucro cesante que queda de Reficar. Ahora se espera que en los tribunales de arbitramento y ante la Justicia se presenten las demandas para recuperar lo que fue una especie de barril sin fondo que se cubrió con el silencio y se pagó con la bonanza petrolera y con créditos que se sufragarán en 30 años.

La Contraloría General de la Nación presentó su informe sobre el descalabro que significó la construcción de la refinería de Cartagena, conocida ya como el gran escándalo de Reficar. Es hora también de que tanto la Justicia como la Procuraduría y la propia Contraloría empiecen a fijar responsabilidades por algo que pudo evitarse.Ahora se dice que el error empezó desde la contratación con una empresa, Glencore, con poca o ninguna experiencia en la construcción de un complejo como el de Cartagena. Además, en ese momento se especificó que el contrato sería llave en mano, es decir, por obra terminada.Los desarrollos mostraron la inexperiencia del contratista en ese tipo de proyectos y la casi total falta de diseño y de presupuestos. Luego se aceptó el ingreso de otra empresa, RB&I con las mismas limitaciones del contratista original, el retiro de Glencore sin que hubiera objeciones y el cambio en la modalidad del contrato. Se pasó entonces al reconocimiento y reembolso de los gastos, sin que quedara clara la forma en que deberían ser presentados, auditados y autorizados.Al final, Ecopetrol terminó prorrogando el contrato, aduciendo que eso era mejor que declarar su caducidad y reemplazar a RB&I. Pero La Contraloría ha dicho en su informe lo que ocurrió: US$943 millones embolatados en “posibles irregularidades en contratación” y US$1936 millones en recursos que “no ingresan al patrimonio del Estado en cabeza de Reficar”. Es decir, US$2.879 millones, $8,5billones, suma que supera a lo esperado en la reforma tributaria que tramita el Gobierno para resolver en parte los problemas que ocasiona el déficit fiscal.Los detalles sobre la forma en que se trató de justificar el enorme gasto por RB&I están en el informe de la Contraloría: elementos que no se utilizaron, “adquisiciones de materiales y equipos que resultaron en compras excesivas”, “costos de administración de los subcontratos sin justificación”, y deficiencias en los diseños definitivos, lo que aumentó el número de horas de ingeniería en la realización de ajustes, modificaciones y consecución de documentos finales, que ocasionaron un impacto negativo de compras por un valor no justificado de USD$364,6 millones.Ya se sabe entonces qué ocurrió, cuánto pueden ser los gastos injustificados y el lucro cesante que queda de Reficar. Ahora se espera que en los tribunales de arbitramento y ante la Justicia se presenten las demandas para recuperar lo que fue una especie de barril sin fondo que se cubrió con el silencio y se pagó con la bonanza petrolera y con créditos que se sufragarán en 30 años. Pero falta por iniciar el juicio de responsabilidades políticas, fiscales y penales por el descalabro. Ante tan graves irregularidades ya no es suficiente que Ecopetrol publique avisos diciendo que la responsabilidad es de los contratistas. Ahora es necesario que se diga en forma pública cuál es la responsabilidad que les cabe a los funcionarios, a los miembros de la junta directiva y a todos quienes tuvieron el deber de proteger el patrimonio público en el desarrollo de Reficar.

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