Rechazo al abuso

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Rechazo al abuso

Julio 18, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Por supuesto, el país está obligado a investigar las razones y los autores de una política que dejó al arbitrio del mercado la fijación del precio de las drogas. Pero no puede tomar más tiempo en aplicar los correctivos que cierren la puerta a los especuladores y la corrupción que se desata cuando los enormes márgenes de utilidad permiten pagar comisiones y enriquecimientos ilícitos con la salud de la gente. Lo que hace aún más inexplicable la conducta asumida frente a un hecho denunciado hace varios años y que aún no tiene las respuestas que demanda.

Debates van y vienen, denuncias aparecen por todos lados y la protesta crece, mientras las decisiones oficiales sobre el abuso de los precios en las medicinas padecen de lentitud. Con lo cual se afecta el acceso a la salud, elevando de manera injusta y desproporcionada los costos que el Estado y los particulares deben asumir para encontrar remedio a sus enfermedades.El asunto no es discutir si se debe pagar por las medicinas, que en algunos casos como las destinadas a combatir el cáncer son de alto valor económico. En todas partes del mundo ese debate está superado, limitándose al necesario control que debe existir para evitar los abusos de algunos productores. Es el caso de los fármacos destinados a atender a los pacientes del Sida y la reacción enérgica de países como India o Brasil, donde los gobiernos se decidieron a intervenir para garantizar el suministro de drogas con principios activos que, protegidas por patentes y el derecho de propiedad intelectual, se tornaban inaccesibles para franjas de población sin capacidad para pagar los altos precios fijados por los laboratorios. Aquí en Colombia las cosas son de otro tenor. Es que se están pagando precios diez y más veces superiores a los que se pagan en los países más desarrollados del mundo, e incluso en el vecindario. Y por si fuera poco, la red de intermediarios, la corrupción y el colapso de muchas instituciones de salud de carácter público, se suman para hacer que el Estado a través del sistema de salud deba pagar hasta cien veces el precio de una droga. Eso es lo que se está denunciando, lo que reclama respuestas rápidas y terminantes que envíen el mensaje de que las autoridades no van a permitir la especulación que explota la necesidad y la angustia de los enfermos y aprovecha la lentitud para reaccionar frente a un fenómeno injustificable e injustificado.Por supuesto, el país está obligado a investigar las razones y los autores de una política que dejó al arbitrio del mercado la fijación del precio de las drogas. Pero no puede tomar más tiempo en aplicar los correctivos que cierren la puerta a los especuladores y la corrupción que se desata cuando los enormes márgenes de utilidad permiten pagar comisiones y enriquecimientos ilícitos con la salud de la gente. Lo que hace aún más inexplicable la conducta asumida frente a un hecho denunciado hace varios años y que aún no tiene las respuestas que demanda.No es pues un reclamo para evitar pagar el precio justo por los medicamentos, sino el rechazo justo al abuso. Que no se olvide: entre los años 2000 y 2010, el sistema de salud aumentó en el 560% los recursos destinados a las compras de medicamentos, dineros que salieron de los bolsillos de los contribuyentes. Más que exagerado, el incremento es desproporcionado. Igual debe pensarse en el esfuerzo que hacen los ciudadanos para pagar los fármacos que no están incluidos en el POS y aquellos a los que les niegan ese servicio. Por sí sola, la suma de los sobre costos que paga el sistema y lo que sufragan los particulares justifica la intervención urgente del Estado, si de verdad se quiere proteger el interés común de la sociedad.

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