¿Qué se va a hacer?

Los resultados de la lucha contra la minería ilegal en Colombia no se están viendo. En lugar de disminuir, el número de hectáreas afectadas por esa actividad ha crecido en los años recientes mientras que el mayor porcentaje de la extracción se realiza en zonas de protección natural. ¿Qué más se hará para detener ese negocio criminal que tanto daño le causa al país?

Estudios de monitoreo realizados entre el 2014 y el 2017, presentados esta semana por el Ministerio de Minas y Energía, la Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, determinaron que en menos de dos años se pasó de 79.000 hectáreas de explotación de oro a cielo abierto a tener 84.000, lo que significa un incremento del 6%. Lo más preocupante es que el 47% de esa extracción sin control se hace en parques nacionales naturales, en los páramos y en los ríos.

Los hallazgos también muestran que casi la mitad de esa actividad se concentra en áreas excluidas y restringidas para la minería como los Consejos Comunitarios de Comunidades Afrodescendientes o los resguardos indígenas, cuyos territorios ancestrales y tradiciones como la extracción artesanal del oro se han querido proteger. Hasta allá ha llegado esa industria ilegal, con su maquinaria pesada que arrasara todo a su paso y abre los socavones que terminan muchas veces convertidos en tumbas, para arrancarle a la tierra o al lecho del río sus riquezas naturales.

La investigación ha revelado más irregularidades, como que en el 66% de las zonas de explotación no hay títulos mineros ni licencias ambientales, o que en el 20% donde sí existe la titularidad no se cumplen los requisitos legales ni las normas medioambientales. Más grave aún es que se estaría haciendo lavado de oro a través de empresas legítimas, que reportan una producción mayor para que el mineral que se extrae de manera ilícita salga legalmente del país hacia los mercados internacionales.

Mientras esa industria ilegal crece y se inventa nuevas maneras para evadir las leyes o esconderse del control de las autoridades, los daños que provoca son cada vez peores: ecosistemas destruidos, ríos contaminados y comunidades que se mueren lentamente ya sea por las enfermedades que les ocasionan los químicos o por las tragedias que ocurren en las minas. Eso sin contar con todos los problemas sociales y la violencia que llegan de la mano con las retroexcavadoras.

Se debe reconocer que Colombia es uno de los países más avanzados en legislación minera y tiene unas políticas públicas bien definidas para enfrentar esa actividad ilícita. De hecho es uno de los pocos Estados que le han dado reconocimiento como sujetos de derecho a varios ecosistemas para garantizar su protección y obligar a su recuperación.
Pero se queda corto a la hora de ejercer el control tanto sobre la minería legal como sobre la ilegal, así como de enfrentar y castigar a quienes la promueven.

Estudios de monitoreo como el que se divulgo en estos días tienen que servir para mucho más que llevar unas estadísticas. Su utilidad será real si la información que provee se convierte en la base para emprender las acciones que de verdad permitan acabar con un negocio que tantos prejuicios le ocasiona a Colombia.