Que responda la Nación

El Valle y Cali tienen la mejor disposición para solucionar el hacinamiento y las deficiencias estructurales que presenta la cárcel de Villahermosa. Pero por más voluntad que haya, se debe entender que el problema está relacionado con las fallas de la justicia así como del régimen carcelario del país y como tal es de la Nación.

En reunión reciente se exploraron diferentes posibilidades para ampliar la capacidad del centro de reclusión, incluida la cesión de un lote del departamento para que se construya un nuevo pabellón que albergaría 1.500 internos. La cuestión es cómo se financiarán las obras, porque aquí no se puede repetir lo que ha sucedido con la sede de la Fiscalía, que lleva nueve años embolatada.

Hay que recordar que el Municipio entregó hace cuatro años el terreno para que se levantara el edificio que albergaría las oficinas del ente acusador y que el Consejo Superior de la Judicatura se comprometió a entregar los recursos para su construcción. Esta es la hora que nada ha sucedido como tampoco se tiene certeza si se harán o no las obras porque se han incumplido los anuncios.

Eso no puede suceder con la solución para Villahermosa. Cali y el Valle tienen la mejor voluntad pero el Gobierno Nacional debe hacerse cargo de lo que le corresponde. Sobre todo porque el problema no es de la ciudad ni de la región. Como se ha dicho hasta el cansancio, el problema carcelario en Colombia es estructural, nace de las falencias que tiene la administración de Justicia como servicio público, que ha llevado a la congestión y el represamiento de los procesos judiciales y ha llenado los centros de reclusión hasta niveles inauditos.

También es el resultado de una política penitenciaria obsoleta, que ha sido imposible de reformar como se necesita. Es por eso que cárceles como la de Villahermosa en Cali, cuya infraestructura amenaza ruina y sus instalaciones atentan contra la dignidad de los internos y de los guardas, alberga 6.000 condenados y acusados cuando su capacidad apenas es para 1.826 reclusos, dando además un deplorable ejemplo del fracaso que padece el régimen carcelario en Colombia.

Y es la razón para que las estaciones de Policía se hayan transformado en centros de detención permanente cuando debieran ser lugares de paso y no están en condiciones de alojar a esas personas como tampoco de garantizarles su seguridad o sus derechos. Con ello se ha creado un nuevo foco de conflicto en los barrios de la ciudad y en motivo de demandas permanentes que los jueces fallan y en muchos casos sus sentencias no se aplican.

Total, es un desconocimiento del ordenamiento jurídico y de la obligación de ofrecer condiciones dignas a los detenidos, así sean condenados. Y la Nación no puede dejar la solución en manos del Municipio o del Departamento. Es al Estado Central al que le corresponde cumplir con los deberes que tiene con la Justicia y el actual sistema penitenciario y responder por su funcionamiento. Cali y el Valle están dispuestos a ayudar, con propuestas para solventar la crisis, pero es el Estado en su conjunto el que debe hacer lo que le concierne.