Que decidan los jueces

Que decidan los jueces

Mayo 05, 2019 - 06:55 a.m. Por: Editorial .

Luego de meses de confrontaciones, acusaciones y desinformaciones entre los dirigentes de los partidos y el Gobierno, la decisión sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz quedó en veremos. Es el turno para que la Corte Constitucional y los magistrados de la nueva jurisdicción les respondan a los colombianos en la protección a las víctimas, la búsqueda de la verdad y la seguridad de que no habrá impunidad para el narcotráfico y los delitos de lesa humanidad.

El espectáculo de lo que ha ocurrido entre el momento en el cual el presidente Duque presentó sus objeciones a la citada ley no ha podido ser más desconcertante. Aunque se esperaba un debate intenso entre los partidarios de la iniciativa y miembros de la alianza oficialista por un lado, y la oposición mayoritaria en el Congreso por el otro, la discusión escaló hasta acusaciones infundadas sobre la voluntad de acabar el acuerdo con las Farc, o sobre la intención de proteger a los narcotraficantes que pretenden colarse en la JEP para impedir su extradición.

Y llegó a la Cámara de Representantes, donde se impuso la mayoría de la oposición que negó las objeciones. Pasó entonces al Senado, y lo que se produjo fue una decisión que nada decide pues lo que quedó fue una votación polémica cuyo resultado generó otra refriega más sobre si había o no el número de votos suficientes para negar las seis objeciones o si, como lo declaró el presidente del Senado, no existió la mayoría calificada, lo que puede dar a entender que sobrevivieron.

Ahora le corresponde a la Corte Constitucional fallar sobre el asunto y decidir si superviven o no las objeciones. Y cualquiera sea el fallo, la JEP tendrá que aplicar la justicia transicional, juzgar a quienes se sometan a ella y decidir las penas que sean del caso. Más importante aún, tendrá que responderle a la Nación sobre su deber de impedir que sea utilizada para burlar la ley, para asegurarle la impunidad a narcotraficantes y reincidentes y para hacer que las antiguas Farc no respondan con todo su patrimonio por el daño que causaron.

Cabe recordar que la Corte Constitucional ya se pronunció sobre la legalidad de la norma que reglamenta la JEP, mediante una sentencia en la cual anuló algunos artículos y emitió interpretaciones que deben servir para evitar que se produzcan hechos y resultados contrarios al interés general o escapes injustificados al ordenamiento jurídico. Así, serán los jueces quienes tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar que la aplicación del acuerdo con las Farc no se convierta en santuario para la impunidad.

En esas condiciones, es de esperar que la Corte Constitucional y la JEP interpreten el sentimiento nacional contra esos peligros y permitan que la verdad, la justicia y la reparación se antepongan a las conjeturas, las ideologías y las interferencias políticas. Y que tanto el Gobierno Nacional como los partidos y sus dirigentes acaten la decisión, superen una polarización que sólo existe entre ellos y se dediquen a encontrar salidas a los graves y acuciosos problemas nacionales que aguardan respuestas.

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