Proyecto inconveniente

Además de alterar el sentido de la Constitución en cuanto al manejo de los recursos públicos, la reforma que propone autorizar a los congresistas para modificar hasta un 20% el destino de la inversión pública anual del Presupuesto Nacional es la última movida para asegurar la intervención de la política y fortalecer el clientelismo. Aprobar esa autorización es permitir también que los legisladores tengan la herramienta perfecta para afianzar su hegemonía.

Justificado por sus autores en la necesidad de establecer una mayor participación de las regiones en la inversión nacional, el proyecto al cual le faltan dos debates puede significar el caos en el manejo de la Hacienda Pública. Así puede resumirse la gravedad de lo que está sucediendo con la propuesta de modificar el artículo 351 de la Constitución Nacional que prohíbe de manera expresa lo que antes se llamaban las partidas regionales.

Según lo explicó el exministro Juan Carlos Echeverry si ese cambio se produce significará entregarle “una empresa cada año de $30.000 millones a un congresista para que reparta”. A ello puede agregarse que tan jugosa prebenda no demandará ninguna obligación de su parte para gestionar los recursos que se gastarán en los proyectos que presente, ni significará una responsabilidad para que responda por su utilización o para demostrar que ellas produjeron el bien común que debe generar el gasto público.

Sin duda, el Estado en Colombia atraviesa por graves desequilibrios ocasionados por el centralismo que concentra el poder de decisión en el Ejecutivo y no permite a las regiones la autonomía que necesitan para atender las necesidades de sus habitantes. Pero entregar esa facultad a los congresistas, en un país donde existen microempresas electorales y los partidos son apenas cascarones que facilitan avales, es otorgar a los legisladores el poder de usar de manera lícita los recursos públicos para beneficiar a sus partidarios o influir en los resultados.

El Gobierno Nacional ha intervenido desde el principio para oponerse a una iniciativa que, además de tener claros visos de inconstitucionalidad, puede ocasionar graves problemas para el manejo del Estado y la armonía de los poderes públicos. Y sólo servirá para satisfacer las ambiciones de los políticos profesionales acostumbrados a la llamada mermelada con la cual se habituaron a negociar el control político que les ordena la Constitución a cambio de prebendas presupuestales.

Son pues razones de orden político, administrativo y económico las que obligan a reclamar que se hunda la propuesta. Y es un asunto de ética pues no está bien que quienes hacen la política también dispongan de los recursos públicos para repartirlos sin control distinto a su voluntad.

Sin duda, nuestras instituciones necesitan decisiones para corregir los males que causa el centralismo. Pero aprobar la reforma propuesta es legalizar la corrupción. Ojalá se produzca entre los dirigentes de la política la reflexión que impida aprobar una medida que ocasionará enormes desajustes a la economía, a la moral pública y al funcionamiento del Estado.
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