Propuesta peligrosa

Propuesta peligrosa

Julio 09, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Cancelar la posibilidad de investigar y perseguir a los ladrones de menor cuantía para darle prioridad a las organizaciones criminales es entonces una renuncia a la obligación del Estado de sancionar al delincuente. Renuncia que se vive hoy en la práctica cuando se conoce la crónica negativa a aumentar los recursos destinados a la justicia, lo que se refleja en la impunidad y la demora eterna para garantizar los derechos y resolver los litigios.

De acuerdo con revelaciones de un diario de Bogotá sobre los decretos que se preparan para reformar la Fiscalía General de la Nación, la entidad empezará a aplicar la política de priorizar su trabajo, lo que implicará la posibilidad de decidir si se investiga o no los delitos menores. Una advertencia que si bien parece guiada por propósitos sanos, puede llevar a legalizar la impunidad que hoy vive el país a causa de la ineficiencia del Estado.Se dice en el informe de El Tiempo que denuncias menores como el robo a celulares o delitos de menor cuantía podrían ser archivadas cuando no haya mayor indicio sobre los autores o evidencias que lleven a identificarlos con precisión, y que podrían reactivarse una vez sean incluidos en grandes investigaciones contra bandas criminales. También se afirma que “el nuevo modelo apunta a desmantelar grandes estructuras criminales más que a perseguir pequeños delincuentes”.Por supuesto que la noticia debe producir gran sorpresa. Y quizás haga pensar en la posibilidad de lograr mejores resultados de parte de la Fiscalía en la medida en que al dar prioridad a los grandes casos o a la acumulación de la cual se está hablando puede llegarse a un hipotético incremento en el costo beneficio del gasto que realiza el Estado en la persecución al delito. Pero deja grandes dudas y no pocas intranquilidades para un país en el cual el delito menor está en la raíz de muchos de los fenómenos de violencia que acosan al ciudadano de la calle.Cancelar la posibilidad de investigar y perseguir a los ladrones de menor cuantía para darle prioridad a las organizaciones criminales es entonces una renuncia a la obligación del Estado de sancionar al delincuente. Renuncia que se vive hoy en la práctica cuando se conoce la crónica negativa a aumentar los recursos destinados a la justicia, lo que se refleja en la impunidad y la demora eterna para garantizar los derechos y resolver los litigios.En efecto, hay que pensar en primer lugar para qué son elevadas a la categoría de delito esas conductas sin consideración a su monto. La respuesta es que son ante todo las expresiones de una sociedad que exige sancionar las conductas que lesionan los derechos individuales y colectivos como elemento indispensable para la convivencia pacífica. Precisamente, el robo de celulares se ha convertido en una epidemia que amenaza la tranquilidad de los habitantes de las ciudades. ¿Acaso no tienen derecho los ciudadanos a que el Estado investigue y sancione a quienes han violado sus derechos y amenazado su vida?Es explicable que los autores de la propuesta piensen en racionalizar la actividad de la Fiscalía. Es lo mismo que buscan quienes plantean la excarcelación para resolver el hacinamiento en las cárceles. En ambos casos, lo que se está proponiendo pretende hacer rendir los pocos recursos que se dedican a la justicia, y no en la obligación de dedicar los que sean necesarios para que esa rama del Estado garantice su efectividad, requisito irrenunciable para alcanzar la paz que todos los colombianos anhelamos. Por eso, una cosa es racionalizar el Estado y otra muy distinta y más peligrosa es renunciar a su deber de perseguir el delito sin importar su cuantía.

VER COMENTARIOS