Profesión peligro

El más reciente informe de Reporteros sin Fronteras afirma que México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. El asesinato de tres comunicadores en la semana pasada es otro episodio que demuestra el riesgo en que está la libertad de prensa en ese país y la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar a sus autores.

Como ocurre también en Colombia, las amenazas y asesinatos de periodistas no son nuevos. Pero en México, en lo que va de este año han sido asesinados nueve reporteros, lo que lo ubica como el país más mortífero del mundo para ejercer la profesión, por encima de Afganistán, Paquistán y Somalia, que entre los tres suman siete casos.

La Federación Internacional de Periodistas advirtió que el asesinato de reporteros y directores de medios muestra la peligrosidad que viven los trabajadores de prensa en México. De hecho el año pasado fue considerado el país, sin un conflicto armado, más letal para ejercer esa profesión.

La raíz de todo está en la presencia de los carteles de la droga y el control que ejercen en algunos estados, especialmente al norte del país, sumado a la corrupción de un gran sector de la política que se vende o forma parte de esas organizaciones. Ellos necesitan del silencio sobre sus actos y crímenes y están dispuestos a conseguirlo como sea.

El peor escenario se está confabulando en México: una sociedad amenazada por el narcotráfico y la corrupción política. Uno de los casos más recientes fue el de Jorge Ruiz Vásquez, asesinado en el municipio veracruzano de Actopan. El periodista tenía protección estatal desde octubre pasado y había denunciado amenazas del alcalde de esa población.

La mayoría de las víctimas en los últimos años proviene de ciudades pequeñas, donde la presencia del Estado es todavía más débil y los caciques políticos, las mafias locales que manejan la corrupción y los narcotraficantes ejercen un gran poder intimidatorio. Las alianzas entre esos factores de poder, sumada a las debilidades de las autoridades legítimas hacen aún más difícil ponerle la luz al oscuro mundo que los protege.

Como también ha ocurrido en Colombia, los periodistas están dejando de informar en ciertas áreas relacionadas con el crimen y el narcotráfico. En México se está consolidando una burbuja de silencio informativo que afecta las regiones más distantes de las autoridades centrales.

Es la evidencia de cómo una alianza criminal amordaza el derecho de los ciudadanos a disponer de información veraz y relevante y de los periodistas a cumplir su deber de contar los males que afectan a la sociedad. Y aunque el gobierno de López Obrador se ha mostrado más sensible a atender esta situación, no basta con sus buenas intenciones.

Está claro que la retórica y las frases rimbombantes no sirven para proteger a los periodistas. Por eso, en México como en Colombia se necesita el compromiso de garantizar el derecho a la vida, a la información y a la tranquilidad de todos los ciudadanos, incluyendo a los periodistas. No se puede olvidar que un periodismo libre es el principal garante de una democracia y eso es lo que está en juego en México.
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