Procedimientos sumarios

"Luego de muchas especulaciones, el Gobierno Nacional presentó su propuesta de reforma constitucional para preparar las instituciones jurídicas ante el posible acuerdo definitivo con las Farc. De su contenido se puede deducir que primó el interés de ser cautelosos, sin impedir que se avance en el proceso para darle vida a los temas que se acuerden".

Luego de muchas especulaciones, el Gobierno Nacional presentó su propuesta de reforma constitucional para preparar las instituciones jurídicas ante el posible acuerdo definitivo con las Farc. De su contenido se puede deducir que primó el interés de ser cautelosos, sin impedir que se avance en el proceso para darle vida a los temas que se acuerden.Según la iniciativa presentada ante el Congreso, el Gobierno prefiere crear una Comisión Especial integrada por los miembros de las Comisiones Constitucionales del Legislativo, ampliada con doce congresistas nombrados por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes. Con ello se despeja la inquietud que creó la propuesta de nombrar en esa nueva entidad a miembros de la guerrilla, aunque deja en manos de las directivas del Congreso el definir la proporcionalidad y la forma en que participarán los partidos de la oposición.Esa Comisión actuará en virtud de artículos provisionales agregados a la Constitución y sólo considerará los proyectos presentados por el Gobierno, creando un mecanismo abreviado. La iniciativa incluye términos rígidos para que la Corte Constitucional exprese su veredicto sobre la legalidad de las decisiones que tome la comisión y referidas sólo al control constitucional de los “vicios de procedimiento” en los actos legislativos que se adopten. Causa inquietud que la Corte tendrá participación en el proceso, ya que deberá hacer una revisión previa, lo que podría ser interpretado como un prejuzgamiento.La propuesta reduce de ocho a tres los debates establecidos por la Constitución para su reforma, además de definir expresamente que la Comisión sólo operará “una vez se haya firmado y refrendado popularmente el acuerdo final (…)”. Con ello, y a la vez que cambian el ritual para modificar la Constitución, los autores de la iniciativa están reconociendo la inconveniencia de tomar decisiones antes de que se defina lo acordado y que los colombianos lo aprueben.En ese mismo propósito, el proyecto habla de entregar facultades al Presidente para que expida decretos con fuerza de ley que no tengan alcances constitucionales ni sean leyes marco. Es decir, la delegación sólo alcanzará un nivel operativo, para lo cual el Gobierno tendrá 90 días prorrogables. Claro está, la iniciativa sólo la tendrá el Ejecutivo, permitiendo modificaciones únicamente en el primer debate, en la Comisión. De aprobarse como está hasta ahora, la plenaria del Congreso sólo podrá aceptar o negar lo que decida la nueva célula legislativa. A grandes rasgos, ese es el contenido de la iniciativa, que crea un procedimiento sumario para reformar la Constitución y debe ser mejorada en cuanto a su redacción para evitar confusiones en materia tan delicada. La exposición de motivos que la acompañó recalcó la agilidad como presupuesto para dar vida al acuerdo y seguridad a las Farc sobre el cumplimiento de lo pactado. Queda por ver qué garantías recibirán los colombianos sobre la voluntad de ese grupo de cumplir sus compromisos, de responder por sus crímenes y de resarcir a sus víctimas.