Por una reforma seria

"...Sin duda, es muy amplio el espectro que se le abre al Gobierno. Pero también es enorme la necesidad de Colombia de cambiar sus instituciones, de blindarlas contra la corrupción y el clientelismo, evitando la manipulación que de ellas se ha hecho".

El pasado martes, el Congreso de la República aprobó el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente para que reforme la estructura del Gobierno Nacional. De nuevo se abre la puerta para conseguir que las instituciones de gobierno se adecúen a las necesidades de una Nación necesitada de decisiones y transparencia.Lo más notorio de la ley aprobada en su último debate en el Senado, es el voto de confianza que las mayorías le dieron al presidente Juan Manuel Santos para “crear, escindir, liquidar y cambiar la naturaleza jurídica” de las entidades del orden nacional. Una autorización poco usual que se explica por la pericia del Primer Mandatario al consolidar la que llamó Unión Nacional, donde reunió las más representativas fuerzas políticas con asiento en el Congreso. Con la aprobación se demuestra lo rápido que fueron superadas las objeciones que legisladores pertenecientes al Partido Conservador le hicieron a la iniciativa. A juzgar por la apabullante votación, ya no es dable temer una masacre laboral y retorna la confianza plena en el Presidente y en su Gobierno, puesta en discusión a raíz de las investigaciones que la Justicia adelanta en entidades como el Ministerio de Agricultura, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Superintendencia de Notariado y Registro. Y sólo quedan las objeciones del Polo Democrático Alternativo.Ahora, la Nación estará a la expectativa de lo que el Gobierno hará con esas facultades. Se sabe que revivirá el ministerio de Justicia, relegado a un segundo plano a pesar de su importancia en el manejo de las relaciones con la rama judicial, con la cual existieron grandes diferencias. Y el de Medio Ambiente, encargado de defender el patrimonio ecológico del país, seriamente golpeado por los afanes de riqueza y la ausencia de una entidad que sea capaz de garantizar y poner en práctica el desarrollo sostenible que tanto se pregona. Igualmente, Colombia volverá a tener un ministerio dedicado de manera exclusiva a la Salud y otro al Trabajo, hoy unidos en un gigante ineficiente denominado “de la Protección Social”.Empezará también la oportunidad para sanear actividades públicas carcomidas por la corrupción y el juego de intereses oscuros, como el Instituto Nacional Penitenciario, la Dirección de Estupefacientes y la Superintendencia de Notariado y Registro. O para detener el inquietante destino que lleva el país en el otorgamiento de contratos y concesiones para realizar las grandes obras de infraestructura que necesita. Y será la oportunidad de crear un organismo para defender al Estado de la amenazante ola de demandas que gravitan sobre el tesoro público. Sin duda, es muy amplio el espectro que se le abre al Gobierno. Pero también es enorme la necesidad de Colombia de cambiar sus instituciones, de blindarlas contra la corrupción y el clientelismo, evitando la manipulación que de ellas se ha hecho. Por eso, antes que obtener un triunfo, el presidente Santos ha adquirido una obligación: hacer una reforma seria y darle transparencia y eficiencia a las instituciones públicas para que cumplan su función de proteger el interés público.