Por un debate responsable

Muchos comentarios de toda índole ha despertado el anuncio del Gobierno de establecer medidas para controlar el consumo de sustancias ilícitas que inunda las calles causando estragos. Lo que falta, antes que argumentos que descalifican a sus autores y defensores es que se discuta el asunto desde la perspectiva del daño social que causa y de su innegable efecto en las finanzas y la consolidación de grupos ilegales.

En apariencia, el tema debe tratarse desde la perspectiva del respeto a los derechos individuales y a aquel que se relaciona con el libre desarrollo de la personalidad. Y es posible también que se siga pensando en la necesidad de tratarlo como algo relacionado con la salud, en vez de utilizar los elementos de reglamentación, la capacidad de coerción y el uso de la autoridad del Estado para impedir el consumo.

Pero sucede que el consumo, el efecto que está ocasionando, en especial en la juventud, y la violencia que desencadena por el control de las enormes ganancias que genera, deben llevar a revaluar la inocencia con la cual se ha tratado de manejar. En otras palabras, ante las estadísticas que se revelan en todas las organizaciones policiales, judiciales, de salud pública y de educación, el país no puede negarse a considerar que los derechos individuales terminan donde empiezan los de los demás colombianos, y, en especial, de la sociedad en su conjunto.

Es desde esa perspectiva desde la cual se debe mirar el tratamiento a lo que se calificó como ‘microtráfico’, refiriéndose quizás a las dosis mínimas. Por el contrario, ese es un negocio multimillonario de diez billones de pesos al año que anda por las calles capturando consumidores, sobre todo menores de edad y cerca de los colegios y universidades, y desata frecuentes vendettas entre las bandas que se disputan el mercado, elevando los índices de violencia e ilegalidad.

Las estadísticas lo confirman: en diez años el consumo se ha duplicado, llegando al 12 % de la población. En el mercado se encuentran decenas de drogas y sustancias prohibidas por el daño que causan en la salud de sus consumidores y en el comportamiento social. Aunque, según el Ministerio de Salud, los picos están entre los 18 y los 24 años, llega a niños entre los 12 y los 17 años y diez millones doscientos mil estudiantes han fumado marihuana o usado cocaína y sus letales derivados.

Frente a ello, el Estado cuenta con pocas herramientas para enfrentar lo que es una amenaza a la sociedad, empezando por la eterna falta de recursos y el enredo de una legislación que pretende ser garantista pero se erige en un muro que impide evitar la tragedia. Eso debe terminar, y hay que reconocer que el consumo está causando estragos
Por ello, es deber de toda la sociedad enfrentar un fenómeno que ya no es ajeno. Un esfuerzo que empieza en las familias, sigue en los centros de educación y termina con el poder a las autoridades para castigar a los expendedores y para impedir que los derechos de la sociedad sean avasallados por el supuesto ejercicio de la libre personalidad.