¿Por qué los asesinan?

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¿Por qué los asesinan?

Julio 13, 2020 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

La tragedia producida por el asesinato en Colombia se ha convertido en un estigma que frustra los anhelos de vivir en paz. Encontrar sus causas y detener lo que es inaceptable para cualquier sociedad es un deber moral y jurídico de nuestro país.

En las últimas semanas, el revuelo lo producen los 217 reinsertados de las antiguas Farc. Esas personas se comprometieron a respetar la ley y a desarmarse por lo cual debieron recibir la protección del Estado, en cumplimiento de la Constitución y del acuerdo que se firmó por última vez en el teatro Colón de Bogotá.

Y en los últimos años, con la muerte violenta de más de 400 hombres y mujeres reconocidos como líderes sociales, crecen los interrogantes sobre lo que puede estar pasando. Y no faltan quienes crean las sospechas sobre la existencia de una política sistemática para perseguir a aquellos que cumplen un papel fundamental en la defensa de los derechos de sus comunidades y reprimir cualquier asomo de inconformidad.

Para quienes hacen esas afirmaciones no parece importar que la Fiscalía General de la Nación haya investigado y en muchos casos descubierto la manera en que se cometieron esos crímenes, como no tiene validez el que las entidades internacionales que han cumplido una labor como defensores de los Derechos Humanos y facilitadores del proceso con las Farc, hayan negado la posibilidad de que tales crímenes sean el resultado de una política sistemática para eliminar a esas personas en razón a su característica de líderes o exguerrilleros.

Pero existe otra estadística más estremecedora y más huérfana de dolientes. Es la que se refiere a los 11.630 homicidios registrados en el 2019, cifra que revela un comportamiento constante en los últimos cinco años. En ese terrible recuento se reconoce que la inmensa mayoría de los asesinatos se cometen en personas entre los 17 y los 42 años de edad, y que en gran parte se debe a venganzas entre grupos criminales, en disputas por el narcotráfico o en la intolerancia.

Basta reconocer que en Cali se han asesinado 500 personas en el primer semestre de 2020, y no obstante el aislamiento social que se aplicó durante tres meses, para entender hasta dónde llega el problema. Que sin duda tiene dificultades y limitaciones de las autoridades para cumplir su misión como guardianes de la vida y la convivencia y para perseguir las organizaciones criminales que se disputan el control de una economía ilegal enorme.

Los asesinatos de exguerrilleros y de líderes sociales merecen el rechazo y claman por acciones para impedir que siga creciendo lo que es una demostración de lo que ocurre si el Estado es incapaz de asegurar la vigencia de la ley como fuente de paz en todo el territorio nacional. Y deben llevar a la reacción para impedir que sean usados como instrumento para deslegitimar a la autoridad, y para acusarla de genocidios inexistentes.

Pero también deben convocar a la sociedad a rechazar la impunidad que rodea la mayor parte de esos asesinatos. Y a actuar con decisión contra un mal, la indiferencia frente a esa tragedia, que se convierte en su aliado principal en nuestro país.

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