Por la democracia

"Al establecer el conteo de todas las firmas, incluyendo las que son objeto de debate, el organismo electoral reconoce que en un proceso donde está involucrado el derecho a escoger candidatos y gobernantes no puede aplicarse un procedimiento estadístico con posibilidades de error".

Diez días después de iniciado el escándalo que generó la decisión de anular las firmas que respaldaron a dos candidatos a la Alcaldía de Cali, la ciudad y el país aguardan la definición de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Decisión necesaria para despejar las dudas que dejaron las actuaciones de algunos funcionarios sobre la actuación de la institución encargada de velar por la transparencia e las elecciones. A petición de la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría anuló dos de los artículos de la resolución 0757 de febrero pasado. Al establecer el conteo de todas las firmas, incluyendo las que son objeto de debate, el organismo electoral reconoce que en un proceso donde está involucrado el derecho a escoger candidatos y gobernantes no puede aplicarse un procedimiento estadístico con posibilidades de error. Es decir, que no cabe sino el censo total para evitar la exclusión de un solo ciudadano, algo que sería un protuberante desconocimiento del derecho constitucional a elegir. Así se termina una polémica que ocupó las primeras planas de la opinión pública, y produjo la reacción justa. Reacción que fue mal interpretada al principio por el señor Registrador y sus subalternos, llevándolos a pronunciamientos descalificadores y agresivos contra las críticas justas de sus procederes. Ahora, con el cambio en el procedimiento se despeja el camino para llegar a la verdad sin fórmulas mal aplicadas. Y queda por esperar que el reconteo firma por firma se elabore como corresponde. Con lo cual se sabrá el futuro de las cinco candidaturas que fueron inscritas en Cali con el respaldo de firmas, tres de las cuales aún desconocían la suerte de su inscripción. Igualmente, el retiro del Director del Censo Electoral, funcionario que el viernes 5 de agosto salió a la radio para anunciar una decisión que aún no se había tomado, contribuye a devolver algo de la confianza perdida en la Registraduría a causa de los confusos hechos desencadenados por esa infortunada actuación.Queda por conocerse el desarrollo que tendrán en los organismos judiciales y policiales los aparentes intentos de cobrar a los candidatos por garantizarles la vigencia de sus candidaturas y su posible triunfo. Porque tales hechos son de una gravedad extrema y perjudican a la democracia, no pueden quedar impunes ni considerarse como episodios normales en la contienda electoral. Y aunque se presenten voces discordantes, hay que reconocer el valor de los denunciantes y la importancia que tiene para el país que se destape y se combata lo que hasta ahora ha sido un secreto a voces. Al final, el desapacible escándalo ha servido para que la Nación conozca lo que está sucediendo desde hace muchos años en el sistema electoral y los riesgos a que está expuesto. Para que conozca cómo se aplican criterios polémicos que se tratan de justificar con la falta de recursos. Y para tomar las decisiones que les den transparencia a los procesos electorales e impidan los problemas que ponen en tela de juicio a la democracia colombiana.