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La creación es un gesto importante para dar vida a lo que se planteó hace veinticuatro años cuando el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación inició su camino.

20 de diciembre de 2018 Por: Editorial .

Dentro de las iniciativas aprobadas por el Congreso de la República en la legislatura que culminó esta semana, se destaca la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es la culminación de una etapa largamente demorada por darle la jerarquía que corresponde a una de las claves para impulsar el progreso y las soluciones para nuestra Nación.

El nuevo ministerio parece ser el sucedáneo de Colciencias, la entidad que desde hace varias décadas se encarga de administrar las relaciones del Estado con una actividad que debería ser su bandera para lograr las transformaciones que resuelven muchos de los problemas de una sociedad siempre que exista voluntad política. No ha sido ese el caso de Colombia, donde a duras penas se invierte el 0,7 % del Producto Interno Bruto en investigar y buscar las respuestas a través de la ciencia, y donde no existe en las empresas la conciencia necesaria para impulsar esa actividad que las haga más eficientes y competitivas.

El pasado domingo, el Congreso expidió la ley que crea ese ministerio, lo cual permitirá a la ciencia tener una voz en el nivel más alto de la administración pública de nuestro país una vez el presidente Iván Duque estampe su firma en ella. Según explicó la Ministra del Interior, esa decisión no tendrá más costos en burocracia pues implica la transformación de Colciencias, además de contar con el presupuesto que está a disposición de esa entidad para el cumplimiento de sus funciones.

La creación es un gesto importante para dar vida a lo que se planteó hace veinticuatro años cuando el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación inició su camino. Una trayectoria que hasta ahora ha sido frustrante puesto que sus amplias y ambiciosas motivaciones han sido falladas por la negativa a invertir en la investigación y el desarrollo de las ventajas comparativas que tiene Colombia, bajo el argumento de tener que cubrir el gasto de un Estado dedicado en su mayor parte al asistencialismo y a resolver el día a día de los problemas sociales o políticos.

De acuerdo con la nueva ley, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación “actuará como organismo para la gestión de la administración pública, rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y será el encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y controlar la política del Estado en la materia”. Además, deberá “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación científica, formular un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con esos enunciados hay que reconocer las buenas y ambiciosas motivaciones que tiene la ley aprobada el pasado domingo. En adelante, es de esperar que esas motivaciones sean acompañadas de la voluntad que se requiere para aceptar que la ciencia, la tecnología y la investigación no son un gasto sino una inversión, una de las más importantes, en la construcción de un mejor país. Y como tal, que el Estado estará dispuesto a aportar los recursos que sean necesarios para transformar en realidad fecunda e irreversibles esa esperanza.

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