Política y protesta social

Porqué surgieron tantas protestas en las calles y cómo hacer para que el Estado atienda los pedidos serios que la originan, es la conclusión de lo que ha sido política en Colombia durante el año que termina. Y la preocupación es cómo se podrá resolver lo que sin duda es uno de los grandes desafíos para nuestra democracia, el adecuar los canales institucionales a las realidades que vive el país.

Centenares de marchas, huelgas y protestas se presentaron durante el 2019. La más importante se produjo el 21 de noviembre pasado, movilizando cerca de 300.000 personas que marcharon en forma pacífica por las calles de muchas ciudades del país. Aunque en Cali y Bogotá se trató de usarlas para desencadenar vandalismo y desórdenes, el rechazo de los participantes y la acción de las autoridades permitió conjurar lo que a todas luces fue una estrategia para causar incertidumbres.

Además de una demostración de democracia y respeto por el derecho a la protesta, la cantidad de movilizaciones debe inquietar a los partidos que existen y participan en los cargos de representación popular como voceros de las inquietudes y de las necesidades ciudadanas. Más que una protesta contra un gobierno, que sin duda puede estar entre las causas, lo que allí se está demostrando es la distancia entre la política institucional y las realidades que vive la nación.

Por supuesto, detrás de esas movilizaciones está el interés de algunos dirigentes que pretenden usarlas para su beneficio, desconociendo el veredicto de las urnas que otorga la vocería de los colombianos frente a su Estado a quienes se sometan a los procesos electorales. Y también está el interés de organizaciones sindicales compuestas en su mayoría por empleados oficiales como Fecode y la CGT, para presionar sus exigencias.

Pero no puede desconocerse que existe una inconformidad creciente y un rechazo notorio a la manera en que se ejerce esa representación popular que consagra la constitución nacional. La política es ante todo la correa de transmisión que conecta a los ciudadanos con el Estado, mediante la cual se orienta la actividad pública a la satisfacción de los intereses de toda la sociedad. Y cuando ese papel se desvirtúa, como está ocurriendo en Colombia, la inconformidad busca salidas y maneras de expresarse.

Así puede estar ocurriendo en nuestro país. Es ya costumbre presenciar el hundimiento de las reformas fundamentales que se necesitan para revitalizar la legitimidad de las instituciones. Por ello, la protesta social adquirió más protagonismo en el año que termina, mientras el Estado muestra enormes dificultades para adaptarse a los cambios que se requieren en algunos aspectos tan urgentes como la crisis crónica de la Justicia y el combate a la corrupción.

Además de las protestas, las marchas demostraron también la solidez de las instituciones y la urgencia de lograr los cambios que reclama la Nación. Y son un llamado de atención y de alerta para que se supere el deterioro de los partidos como organizaciones responsables y el desgaste que padece la política en manos de empresas electorales que desencadenan la corrupción.