Participación y progreso

El problema es cuando no existe una reglamentación clara ni unas reglas definidas que garanticen el cumplimiento de la ley a la vez que defienden el bien general sobre el beneficio particular. Son esos vacíos legales los que han permitido que las consultas se dilaten en el tiempo sin llegar a acuerdos, mientras las obras se paralizan. Y que han sido aprovechados para hacer negocio o para hacer clientelismo con los intereses de las comunidades.

De herramienta democrática a palo en la rueda. En eso se convirtió en muchos casos el derecho de las minorías étnicas a que se les consulte previamente sobre las obras que afectan los territorios donde viven y por cuenta del cual proyectos esenciales para el desarrollo de las regiones y del país pueden sufrir retrasos de años o no realizarse. La Ley 21 de 1991, que se expidió para ratificar el compromiso de Colombia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y le dio vida a las consultas previas con las comunidades minoritarias, es sin duda encomiable. Se trata de utilizar los instrumentos propios de un Estado democrático para proteger a sus culturas ancestrales y los territorios en los que se asientan, así como para garantizar que las intervenciones que se hagan no afecten su supervivencia o pongan en riesgo a estas comunidades. El problema es cuando no existe una reglamentación clara ni unas reglas definidas que garanticen el cumplimiento de la ley a la vez que defienden el bien general sobre el beneficio particular. Son esos vacíos legales los que han permitido que las consultas se dilaten en el tiempo sin llegar a acuerdos, mientras las obras se paralizan. Y que han sido aprovechados para hacer negocio o para hacer clientelismo con los intereses de las comunidades.El Valle cuenta con varios ejemplos de proyectos inconclusos por la falta de consenso entre el Gobierno, los contratistas y las comunidades étnicas. La construcción del IV tramo de la doble calzada Loboguerrero – Buenaventura sigue en veremos porque en ninguna de las convocatorias se ha logrado un acuerdo con las comunidades negras de la zona. Así, una vía que debía estar lista en el 2013 y significa progreso, desarrollo económico y social para la región y agilidad para el comercio exterior nacional, duerme el sueño de los justos.Y está el de la segunda línea de interconexión eléctrica para Buenaventura, en consulta desde el año anterior e igualmente paralizada, pese a ser la solución para garantizar suministro permanente o para minimizar los efectos que causan atentados como el de la semana pasada a la infraestructura de energía del municipio. En estos y otros casos como el de la fallida ampliación del aeropuerto portuario han aparecido negociadores que no pertenecen a las comunidades, surgen nuevos moradores que reclaman pagos por las tierras o se exigen beneficios imposibles de reconocer.A las minorías hay que escucharlas y es una obligación respetar su derecho constitucional a participar en las decisiones que las afecten. Pero también hay que defender los intereses de todo un país al que no se le puede privar de la modernización y el progreso. El proyecto de ley para reglamentar las consultas previas, que según el Ministerio del Interior se encuentra en proceso de redacción y que delimitaría los tiempos de negociación así como los alcances de la herramienta participativa, es urgente. Ya son dos décadas de retraso en la expedición de reglas claras, que han ocasionado los inconvenientes que hoy sufren obras importantes para Colombia y sus regiones.