Participación y democracia

Sin duda hay que reformar la política y abrirla a la participación de más ciudadanos. Como se debe combatir la corrupción que destruye la credibilidad del Estado, y es inexplicable que el régimen electoral, factor de duda sobre la representación popular, no se haya modificado para adecuarlo a los lineamientos de la Constitución de 1991.

Se cumplió una ronda más de negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc, sin que aparezca todavía el acuerdo sobre la agricultura, el primer punto de la agenda. Sin embargo, ya se realizaron foros en apariencia públicos para enviar propuestas de la sociedad sobre la participación del grupo armado en la política, una vez deje sus armas y se firme el acuerdo. Muchas propuestas interesantes se escucharon en la reunión de esta semana en Bogotá, de las cuales fueron enviadas 400 a La Habana. Es decir, sin agotar el primer punto ya se está preparando el segundo, lo que indica el interés por lograr una solución pacífica. Pero parece oportuno precisar algunos asuntos que siendo importantes no deben ser materia de discusión de los negociadores aunque sí son de gran interés para todos los colombianos. La transparencia de la democracia en nuestro país es asunto de permanente discusión en Colombia. Sin duda hay que reformar la política y abrirla a la participación de más ciudadanos. Como se debe combatir la corrupción que destruye la credibilidad del Estado, y es inexplicable que el régimen electoral, factor de duda sobre la representación popular, no se haya modificado para adecuarlo a los lineamientos de la Constitución de 1991. También es verdad sabida que se requiere darle un giro a las instituciones que manejan el sistema para que respondan a las necesidades de la Nación. Y hay que pensar en la urgencia de revisar y mejorar la elección popular de alcaldes y gobernadores para dar prioridad al correcto manejo de los intereses públicos y evitar que esos cargos, de vital importancia para el funcionamiento del Estado, sigan siendo presas fáciles de la politiquería y la corrupción. Todo eso es objeto de permanente debate en Colombia, por lo cual no debe pensarse que será materia de negociación con las Farc. Si todo transcurre como dice en el documento que firmaron con el Gobierno, de lo que se trata es de concretar la forma en que se integrarán a la política si es que se logra un acuerdo. Lo cual debe ser sin armas y sin amenazas que constriñan la voluntad popular, en un plano de absoluta igualdad y sin prebendas que signifiquen desconocer el veredicto de los electores en las urnas. Por supuesto, la obligación de las autoridades es garantizar la participación de quienes se desmovilicen en razón al proceso de paz. Pero las Farc deben saber que el respeto por la diversidad de opiniones es la base de su participación en política, por lo cual no caben los criterios estalinistas y excluyentes a los cuales están acostumbradas. Que están obligadas a competir en condiciones de igualdad por el voto libre. Preocupa saber que mientras se discute su participación en la política, los voceros de la guerrilla expresan su desconocimiento de la justicia y su resistencia a reconocer sus responsabilidades frente a sus víctimas. De ser así, están negando de plano uno de los presupuestos fundamentales de la democracia. Es allí cuando reviven las dudas y el escepticismo de los colombianos sobre las verdaderas intenciones de las Farc en el diálogo que tiene lugar en Cuba.